La administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instruido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a localizar y procesar la deportación de menores migrantes no acompañados que ingresaron al país sin sus padres, según un memorando interno revisado por Reuters.
Desde 2019, más de 600,000 menores han cruzado la frontera sin la compañía de un padre o tutor legal, de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos. De ese total, decenas de miles han recibido órdenes de deportación, incluidas más de 31,000 debido a la falta de comparecencia en audiencias judiciales de inmigración.
El operativo forma parte de una estrategia más amplia para endurecer las políticas migratorias, retomando algunas de las medidas implementadas durante la primera administración de Trump. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado preocupación por el impacto que esta iniciativa podría tener en los menores involucrados.
El documento, titulado “Unaccompanied Alien Children Joint Initiative Field Implementation”, establece un operativo en cuatro fases, iniciando con una etapa de planificación el 27 de enero. La orden no especifica cuándo comenzarán las acciones de cumplimiento, pero señala que ICE ha recolectado datos sobre los menores y los ha clasificado en tres categorías: “riesgo de fuga”, “seguridad pública” y “seguridad fronteriza”, según Reuters.
De acuerdo con San Antonio Express-News, la administración Trump ha dado instrucciones a ICE para que determine cómo localizar, contactar y emitir documentos migratorios a los menores identificados como prioridad en su base de datos. Según el medio, los operativos se centrarán en niños considerados “riesgo de fuga”, especialmente aquellos con órdenes de deportación pendientes y aquellos que han sido entregados a patrocinadores que no son familiares directos.
El memorando también establece que ICE ha obtenido acceso ampliado a bases de datos gubernamentales, incluidas las del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), con el fin de rastrear la ubicación de estos menores tras su liberación a patrocinadores. En algunos casos, las direcciones de estos menores podrían ser utilizadas para identificar a otros inmigrantes indocumentados en los hogares donde residen, según San Antonio Express-News.
Durante su primer mandato, Trump promovió políticas migratorias más estrictas, incluida la separación de niños migrantes de sus familias bajo la política de “tolerancia cero” implementada en 2018. Esa medida fue suspendida tras críticas nacionales e internacionales, pero organizaciones defensoras de los derechos humanos sostienen que al menos 1,000 menores continúan separados de sus padres, de acuerdo con Reuters.
El nuevo operativo de ICE contempla el uso de pruebas de ADN y toma de huellas digitales de patrocinadores y miembros adultos de sus hogares. Melissa Harper, exfuncionaria de ICE y actual directora de la ORR, informó al personal de la agencia que las pruebas genéticas ayudarán a verificar los lazos familiares entre los menores y sus patrocinadores. No se ha precisado si estas pruebas serán obligatorias en todos los casos o solo en situaciones que generen alertas, según Reuters.
Trump ha señalado en reiteradas ocasiones que la administración del presidente Joe Biden no ha manejado adecuadamente la crisis fronteriza y ha acusado a su gobierno de perder el rastro de aproximadamente 300,000 menores migrantes no acompañados desde 2021. Sin embargo, no se han presentado pruebas concluyentes sobre el paradero de estos niños o sobre su presunta exposición a redes de tráfico humano, de acuerdo con San Antonio Express-News.
El memorando revisado por Reuters también menciona que ICE está gestionando más de 247,000 reportes sobre posibles fraudes, casos de tráfico de personas y redes de contrabando relacionadas con menores migrantes. La agencia ha referido algunos de estos casos al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para una indagación más amplia.
Las nuevas medidas incluyen el restablecimiento de protocolos de verificación más estrictos para los patrocinadores, como la obligación de presentar documentos oficiales y someterse a procesos de identificación biométrica. Durante la administración Trump, ICE utilizó datos de patrocinadores para realizar arrestos migratorios, una práctica que generó preocupación entre organizaciones de derechos civiles, según San Antonio Express-News.
El memorando no aclara si el programa afectará a todos los menores migrantes no acompañados o si se aplicará de manera selectiva a aquellos con órdenes de deportación previas. ICE tampoco ha informado si los operativos incluirán la detención de menores en sus domicilios o en otras ubicaciones, de acuerdo con Reuters.
Expertos en derecho migratorio han advertido que el operativo podría generar un incremento en los casos de menores que evaden el contacto con las autoridades por temor a la deportación. De acuerdo con organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), la falta de representación legal para estos niños en los tribunales de inmigración representa un obstáculo significativo en su proceso de defensa.
Un informe del Centro de Estudios de Migración indica que, en la mayoría de los casos, los menores que se presentan ante un juez de inmigración sin un abogado tienen menos probabilidades de obtener un estatus legal en Estados Unidos. Además, algunos podrían enfrentar riesgos adicionales al ser retornados a sus países de origen, donde las condiciones de violencia y pobreza persisten como factores de expulsión.
