Tras el escándalo de la jueza Julieta Makintach en el juicio por la muerte de Diego Maradona, los colegios de abogados de todo el país impulsan un código de ética judicial para «guiar la conducta y el desempeño de quienes integran el Poder Judicial de la Nación». Aseguran que es un paso «muy importante para recuperar la confianza en la conducta de los jueces» y que «el momento (para aprobarlo) no puede ser más oportuno», en referencia al escándalo que anuló el debate juicio por la muerte del exfutbolista.
El titular del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, firmó junto a autoridades de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) la iniciativa que presentaron ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, con copia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Aunque ya se encontraba en elaboración, la iniciativa toma fuerza ahora, pocos días después de que la jueza Makitnach fuera apartada del caso en los tribunales de San Isidro tras descubrirse que participaba de la realización de un documental sobre el juicio que intentaba dilucidar responsabilidades en el fallecimiento, en noviembre de 2020, del ex capitán del seleccionado argentino, Nápoli y Boca, entre otros. Ahora se espera saber cuándo se iniciará el nuevo proceso judicial, cuyo primer debate fue declarado nulo.
“Es muy importante recuperar la confianza en la conducta de los jueces y de las juezas. Quienes desempeñan la magistratura deben tener un comportamiento ejemplar, austero, objetivo, y modesto. No dando lugar a ninguna sospecha o suspicacia respecto de su imparcialidad”, advirtió Gil Lavedra.
Por su parte, la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre sostuvo: «Hace varios meses que venimos trabajando conjuntamente en esta propuesta que se construyó desde el diálogo, con criterios de consenso y compromiso federal».
Y agregó: “Están incorporados valores como la independencia, la imparcialidad, la honestidad y la responsabilidad institucional. El momento no puede ser más oportuno, casos como el de la jueza Mackintach en la provincia de Buenos Aires, donde tampoco existe un Código de Ética vigente, muestran con crudeza lo que sucede cuando el sistema carece de límites claros y estándares compartidos”.
Luego, Mariel Margarita Tschieder, titular de la FACA, añadió que confía en la iniciativa porque “abarca todas las aristas del servicio de la magistratura y que seguramente va a repercutir en la calidad del servicio de justicia en favor de todos los ciudadanos”.
Para las autoridades de los colegios de abogados, el proyecto responde a una «asignatura pendiente que están esperando como respuesta todos los ciudadanos”.
Qué dice el Proyecto de Código de Ética Para Magistrados del Poder Judicial
El texto incorpora previsiones sobre ética digital, protección de datos personales, interacción con medios y redes sociales, formación continua y mecanismos de evaluación y orientación ética, fue girado a todos los colegios de abogados del país para convocarlos a sumarse y difundir esta iniciativa.
«Este código regula acciones y conductas, pero también orienta a los magistrados en la toma de decisiones, buscar preservar la integridad del sistema de justicia y promover un entorno de respeto mutuo, equidad y compromiso con la verdad», dice el texto.
En el primer artículo del primer capítulo indica que los jueces «deben ejercer sus funciones con absoluta autonomía, libres de injerencias, influencias o presiones externas provenientes de actores públicos, privados o institucionales».
En total son nueve capítulos. Uno de ellos se refiere al «Decoro», con artículos sobre «respeto por la investidura judicial» y «modestia y austeridad». En este último aspecto establecen que «los magistrados deben evitar la ostentación de su cargo, adoptando una actitud de modestia y austeridad republicana. Todas sus acciones deben estar orientadas a proyectar transparencia, probidad y un compromiso ético con la sociedad».
Y luego alude a la entrevista y el documental que hicieron caer el debate por el juicio de la muerte de Maradona. «Los magistrados deben aceptar restricciones en su vida privada para evitar suspicacias que comprometan la percepción pública de independencia e imparcialidad. No podrán recibir obsequios que no sean destinados al Tribunal que integran, concurrir a reuniones o aceptar invitaciones que puedan entenderse como impropias de la dignidad de su función».
