Cuando hablamos de negociaciones presupuestarias en el Ayuntamiento de Barcelona –y me temo que también sucede en el resto de administraciones públicas– no se imaginen maratonianas sesiones con políticos y técnicos de las diversas formaciones discutiendo, hasta el más mínimo detalle, de dónde sacar y de dónde poner para que los números cuadren al interés de todos. Nada más lejos de la realidad. La previsión de ingresos y gastos municipales se debate de manera teatral a partir de unas estrategias simples y predefinidas en las que la coyuntura política, a menudo cocinada en fogones ajenos a la institución local, prevalece sobre el interés general ciudadano. Sólo así se explica, como apuntaba en un magnífico artículo Carlos Márquez el pasado 17 de octubre, que en los últimos 15 años solo 6 de los presupuestos del Ayuntamiento se hayan aprobado por la vía ordinaria, es decir, con el respaldo de una mayoría de concejales. Y eso en un contexto de finanzas más que saneadas, con gobiernos y oposiciones que no están dispuestos a perder mucho tiempo ni a dedicar ningún esfuerzo a buscar acuerdos.
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El alcalde Jaume Collboni afronta ahora su tercer examen presupuestario. ERC y BComú han permitido la tramitación del proyecto para el 2026, pero en el caso de los comunes ello no significa en absoluto que acaben dando el sí definitivo el PSC. Es más, a tenor de algunas de las condiciones impuestas para apoyar las cuentas, me atrevería a pronosticar que, por segunda vez en su mandato, Collboni va a tener que someterse a una cuestión de confianza, algo que, como pueden suponer, no va a restarle una sola hora de sueño.
La exigencia de más supermanzanas es un amago de trágala que Collboni no está en condiciones de asumir
Los sucesores de Ada Colau se agarran, como si tratara de un legado que han de transmitir a las futuras generaciones, a sus dos obras señeras. Por un lado, esa obligatoriedad de reservar para pisos protegidos el 30% de las nuevas promociones de vivienda, una norma de éxito descriptible (31 unidades en siete años) que la incapacidad, o si prefieren la falta de voluntad, de PSC y Junts para ponerse de acuerdo amenaza con perpetuar. Por otra parte, la exigencia de extender el modelo de la calle Consell de Cent al paseo Maragall y a Creu Coberta–Sants, que no es poca cosa.
La calle Consell de Cent, el modelo que BComú quisiera extender a otros distritos de Barcelona
David Oller/Europa Press
La consagración de los ejes verdes –coleccionistas de premios internacionales y de sentencias judiciales desfavorables– es precisamente uno de esos requisitos de penúltima hora impuesto a los socialistas para trasladar a los presupuestos del año que viene la tan cacareada como poco convencida “mayoría progresista”. Un amago de trágala que Collboni no está en condiciones de asumir a no ser que eche mano de algún manido subterfugio para despejar balones hacia adelante –aparentar que sí aunque en realidad sea que no montando una mesa de estudio o un grupo de trabajo– y que los Comuns, vayan ustedes a saber en aras a qué cálculo electoral, estén dispuestos a comprar la rebaja.
