El 2026 será un año clave para Guatemala: Estados Unidos y la comunidad internacional deben apoyar la restauración de la justicia 

2026 será clave para Guatemala: serán renovadas cuatro instituciones fundamentales para el equilibrio democrático, la gobernabilidad y el funcionamiento del estado de derecho. Es necesario contar con apoyo internacional para actuar como un contrapeso crucial ante intentos de infiltración de actores corruptos en los procesos. 

La nueva relación bilateral entre Guatemala bajo el Presidente Arévalo y Estados Unidos con el Presidente Trump, ha mantenido un enfoque pragmático, estable y colaborativo aunque, como en otros países de la región, hay algunas tensiones en temas comerciales y migratorios. Hasta el momento, ha habido un diálogo político que prioriza la cooperación en seguridad, migración y comercio. Sin embargo, tras el cierre de la Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo de Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés), la democracia, justicia y los derechos humanos han dejado de ser temas centrales en la cooperación y asistencia hacia Guatemala. 

Desde que tomó posesión en 2024, Bernardo Arévalo ha propuesto medidas para restaurar la institucionalidad democrática en el país. No obstante, su principal obstáculo es la cooptación de los poderes legislativos y del sistema de justicia que, por un lado criminaliza a sus propios funcionarios y por otro, protege a las redes ilícitas que por décadas han operado en impunidad. 

EE. UU. necesita socios confiables en la región para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional, y eso requiere un sistema judicial fuerte y autónomo. 

Las siguientes preguntas buscan brindar información sobre los procesos de elección que llevará a cabo Guatemala y las razones por las cuales EE.UU y otros miembros de la comunidad internacional deben incluir en sus políticas apoyo para proyectos de fortalecimiento a la justicia en Guatemala.

¿Qué instituciones serán renovadas y qué importancia tienen para la estabilidad democrática en Guatemala?

Guatemala elige a altos cargos del sistema de justicia mediante Comisiones de Postulación, órganos temporales integrados por representantes académicos, judiciales y del gremio de abogados encargados de proponer candidatos. Aunque estás comisiones están diseñadas para asegurar procesos meritocráticos y técnicos, en la práctica han sido foco de manipulación política. 

Recientemente la Naciones Unidas alertó que el ciclo de designaciones —Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Tribunal Supremo Electoral— podría consolidar un sistema judicial cooptado si no se prevén procesos transparentes.

Fiscal General del Ministerio Público (MP): El actual mandato de Consuelo Porras finaliza en mayo de 2026, después de ocho años de serios retrocesos en la procuración de justicia en el país. Su sucesor marcará el rumbo de la lucha contra la corrupción, justicia para violaciones a derechos humanos y la posibilidad de restaurar el estado de derecho.

Un reciente estudio revela que el MP ha sido ineficiente, ya que en el período 2024-2025, el 93.56% de los casos penales no obtuvieron una respuesta eficaz. 

Asimismo, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la reciente elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones (2024) documentó y expuso que el MP amenazó con criminalizar a miembros de las Comisiones de Postulación durante el proceso. Además, generó temor de candidatos quienes se inhibieron a participar por temor a ser perseguidos legalmente. Por ello, se requieren acciones preventivas para evitar el uso del derecho penal como una herramienta para obstaculizar el proceso de selección de Fiscal General. 

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC): La Corte, compuesta por cinco personas magistradas, es el máximo órgano de justicia y garante del respeto y cumplimiento de la Constitución Política. Es la única institución que no es nombrada con una Comisión de Postulación. La Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Presidente de la República, el Congreso de la República, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala eligen cada una un representante y suplente. 

La actual magistratura ha tenido decisiones judiciales controversiales. Inicialmente funcionó como su amparo protector en la elección en el 2023, certificando los resultados electorales luego de muchos intentos de anular el proceso electoral, pero luego la CC confirmó la suspensión y cancelación judicial del partido de Bernardo Arévalo  –Movimiento Semilla–, limitando severamente su operatividad política. Además, ordenó que sus diputados actuaran como independientes, lo que desmembró su bancada.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE): Asumirán su cargo en marzo de 2026 y serán responsables de la supervisión de la integridad electoral, con la función de garantizar elecciones libres, transparentes y justas para 2027 y las siguientes elecciones.

Su solidez fortalece la legitimidad del sistema político y del gobierno electo, siendo un pilar del Estado de derecho.

Contralor General de Cuentas: También elegirá su nueva autoridad, lo que impacta directamente en la supervisión financiera y control fiscal. Tiene un rol importante en la lucha contra la corrupción, ya que debe detectar cualquier mal uso de fondos públicos. 

Aunque el Contralor General reporta irregularidades, muchos casos quedan en denuncias sin una efectiva recuperación o sanción final.

¿Por qué EE UU y la comunidad internacional deben incluir en su política exterior iniciativas que apoyen a estos procesos? 

Un sistema judicial sano es fundamental para los esfuerzos globales de combatir la corrupción, la impunidad y el narcotráfico, lo cual es de vital interés para Estados Unidos y la comunidad internacional. El sistema de justicia guatemalteco juega un papel crucial en la investigación del narcotráfico y requiere una alta capacidad investigativa para perseguir a funcionarios gubernamentales corruptos vinculados a estas redes de narcotraficantes. Sin instituciones judiciales fuertes e independientes, estos vínculos entre el crimen organizado y el poder político permanecen impunes, debilitando la seguridad regional.

En el caso de Guatemala, las empresas estadounidenses también necesitan certeza jurídica para invertir en el país. Si hay un sistema de justicia confiable, se protegen los contratos y las inversiones, lo que favorece el comercio bilateral y las relaciones económicas.

Si bien se ha preservado una mayor cantidad de proyectos administrados anteriormente por USAID en el país que en otros lugares, el desmantelamiento de la agencia tuvo un impacto significativo en diversos proyectos relacionados con la justicia, la gobernabilidad y los derechos humanos, especialmente en áreas clave como la lucha contra la corrupción, la mejora del sistema judicial y la promoción de la transparencia. 

No obstante este retroceso en apoyo, la administración de Trump tiene intereses estratégicos, económicos y de seguridad que justifican un apoyo activo a la reforma del sistema de justicia en Guatemala. 

Narcotráfico y crimen organizado: Guatemala es un país clave en las rutas del narcotráfico y trata y tráfico de personas hacia EE. UU. Una justicia independiente permite perseguir a estructuras criminales que muchas veces están infiltradas en el Estado, debilitando a organizaciones como los cárteles y redes de trata.

Si bien la administración de Arévalo ha hecho un esfuerzo en combatir las redes del narcotráfico, la Fiscalía bajo Consuelo Porras no ha tenido avances en investigar, perseguir y desarticular estos grupos, por el contrario, ha obstruido el avance de la justicia como lo reportó el Bureau Antinarcótico de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) en su último informe internacional sobre la estrategia de control de narcóticos. 

Lucha contra la corrupción: El crimen organizado en Guatemala está infiltrado en instituciones públicas, y permite que florezcan el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Esto representa una amenaza directa para la seguridad regional y, por extensión, para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Desde 2024 a la fecha, la Comisión Nacional contra la Corrupción, ha reportado 283 denuncias de las cuales el 25% el Ministerio Público ha archivado o desestimado. 

Migración forzada: la migración hacia Estados Unidos y otras partes ha sido no sólo por razones económicas sino también por la violencia, persecución, y la falta de acceso a la justicia. En 2024, más de 204,000 guatemaltecos fueron registrados en encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México, y en lo que va de 2025, ya se reportan más de 33,000. La población de guatemaltecos migrantes no autorizados en Estados Unidos ha crecido de manera significativa en la última década de 506,000 en 2010 a 1.4 millones en 2023, reflejando el impacto sostenido de factores estructurales que impulsan la migración.Aparte de cooperación para investigar y desmantelar redes de tráfico y trata de personas, es crucial apoyar la independencia judicial en Guatemala para abordar las causas estructurales de la migración histórica, sin abandonar el acceso a la protección internacional y la necesidad de tener otras alternativas legales para migrar. 

Inversión y desarrollo económico: Las empresas estadounidenses buscan entornos estables y transparentes para invertir. Como han dejado claro los calificadores de bonos internacionales, un sistema judicial confiable y un estado de derecho fuerte es importante para proteger  las inversiones extranjeras, fomentar la economía formal y reducir los riesgos para el comercio bilateral.

¿Cómo garantizar que estos procesos sean transparentes y cumplan con los estándares mínimos?

El 2026 será un punto de inflexión: si las designaciones son transparentes, meritocráticas e independientes, puede marcar el inicio de una transformación real del sistema judicial y democrático en Guatemala. Si, por el contrario, se cooptan estos procesos, podría consolidarse un sistema donde la ley sirva a intereses de las redes del crimen organizado y otros actores corruptos y no a la ciudadanía. Será esencial la vigilancia de la sociedad civil, la presencia de observación internacional y la voluntad política para asegurar que estos nombramientos realmente fortalezcan la justicia y no la debiliten.

Además del fortalecimiento de grupos de la sociedad civil, que hacen un monitoreo minucioso de estos procesos y denuncian irregularidades, es importante que se creen mecanismos internacionales independientes que puedan también observar, documentar, denunciar irregularidades,emitir recomendaciones para excluir de la contienda a las personas con cuestionamientos y nombrar a personas idóneas. 

¿Qué tipo de medidas puede implementar Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional?

En el marco de su relación diplomática y de cooperación con Guatemala, la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, pueden ofrecer varios tipos de medidas concretas para promover una justicia independiente en Guatemala. 

Apoyo a la sociedad civil y medios de comunicación independientes: Se debe financiar iniciativas que fortalezcan la vigilancia ciudadana y la transparencia, ayudando a que la población y los medios puedan exigir la rendición de cuentas. Las organizaciones de la sociedad civil realizan un trabajo vital ya que identifican irregularidades, señalan candidatos que no cumplen requisitos de idoneidad y presentan recursos legales para evitar injerencias indebidas en los procesos. 

Apoyo a las misiones de observación internacional: Respaldar la creación de misiones internacionales de observación que puedan contribuir a garantizar procesos de selección libres de injerencias políticas. Esto incluye cualquier iniciativa de órganos multilaterales como la Organización de Estados Americano (OEA) y la Unión Europea (UE).

Uso de sanciones individuales: Estados Unidos puede imponer sanciones específicas a individuos corruptos —como políticos, jueces, empresarios o funcionarios— que hayan participado en actos de corrupción, criminalización, obstrucción de la justicia e intentos de influir en las Comisiones de Postulación. Además de la cancelación de visas y prohibición de entrada a EE. UU., ha sido demostrado que las sanciones financieras individuales pueden ser más efectivas. 

Hasta la fecha, el Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) ha designado más de 60 sanciones, de las cuales 14 están bajo el Global Magnitsky Act, tanto a actores políticos como a miembros del crimen organizado. Asimismo, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, 52 sanciones a individuos guatemaltecos fueron impuestas bajo la sección 353 (30 por corrupción y 24 por acciones antidemocráticas). El Departamento de Estado ha revocado o negado visas a múltiples personas por «corrupción significativa « o acciones contra la democracia. Ejemplos incluyen figuras como Luis Miguel Martínez, operador del expresidente Alejandro Giammetei y Nester Vásquez Pimentel, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad. 

Diplomacia y presión internacional: En coordinación con otros países tanto de la región como de la UE, utilizar mecanismos diplomáticos para apoyar reformas judiciales y denunciar retrocesos en la independencia judicial.

Apoyo a la reforma de sistema de selección de funcionarios: es esencial que exista un diálogo entre diversos actores sociales y políticos en Guatemala para debatir sobre reformas al diseño del sistema de selección de funcionarios. La OEA en su último informe señaló que “El modelo de comisiones de postulación está agotado debido a las dinámicas e incentivos negativos que ha generado y permitido que operadores políticos influyan en el proceso”. 

Esta reforma debe tomar en cuenta la inclusión de grupos vulnerables y excluidos de estos procesos como las mujeres y pueblos indígenas y tanto Estados Unidos como otros países deben apoyar el impulso cambios estructurales y de largo plazo que garanticen el estado de derecho, la independencia judicial y la democracia en Guatemala.