Hemos cruzado el ecuador del mandato municipal en Barcelona y el ambiente político dentro del Ayuntamiento se envenena a gran velocidad. La minoría más mínima de la historia con la que gobierna el alcalde Jaume Collboni (PSC) y la imposibilidad de encontrar socios estables de gobierno impiden aprobar cuestiones tan relevantes como el presupuesto. La situación está alentada por el resto de grupos políticos, especialmente por Junts y BComú, que albergan la esperanza de recuperar la alcaldía en las elecciones de 2027.
Esto explicaría por qué Collboni ha sido reprobado cinco veces en sus 24 meses de alcaldía y si seguimos a este ritmo, se acercará al récord absoluto de las nueve reprobaciones que cosechó su predecesora Ada Colau en el primer mandato. Se vive un ambiente de bloqueo político en el Ayuntamiento de Barcelona que plantea muchas dudas sobre su utilidad en la vida de la ciudad. Los ciudadanos esperan de los dirigentes municipales que resuelvan los problemas o que, al menos, no les compliquen aún más la vida con sus decisiones o estrategias partidistas.
Aprobar o no la reforma del 30%. Ese es el dilema que ocupa a los postconvergentes
Un ejemplo de esto último lo estamos experimentando con la reforma de la fracasada norma que obliga a destinar el 30% de las promociones inmobiliarias a vivienda protegida. Nadie entiende por qué no se cambia esta medida cuando la inmensa mayoría del consistorio, todos menos BComú, coincide en que no ha funcionado porque ha frenado la construcción de pisos en Barcelona y, por tanto, ha contribuido a agravar la crisis de vivienda que sufre la ciudad.
Los comunes fueron los impulsores de esta norma y están en contra de reformarla porque se niegan a aceptar la realidad de su pésimo resultado. El resto, cada uno con sus matices, considera que rectificar es de sabios porque todos, menos el PP, votaron en su día a favor de la medida (35 de 41 concejales la aprobaron).
El líder municipal de Junts, en primer término, el viernes en el pleno municipal
Mané Espinosa
Gobernar también consiste en modificar decisiones que se han demostrado ineficaces, por muy buena intención que tuvieran cuando se tomaron. La lástima es que no todos los políticos lo ven así y prefieren hundirse con el barco antes de reconocer la vía de agua. Esto vale para los que practican el “sostenella y no enmendalla”, como BComú, y para los que, como Junts, impiden una mejora tan evidente para la ciudad porque priorizan una política de desgaste al gobierno.
Junts y PSC suman la mayoría absoluta para reformar la norma del 30% y por eso, hace meses que negocian su modificación. El acuerdo estaba casi hecho, pero la semana pasada Junts anunció que se levantaba de la mesa de negociación ante el estupor de los socialistas y de sectores económicos de la ciudad que esperan el cambio para empezar a construir los ansiados pisos.
¿Por qué Junts se retiró del acuerdo? Por dos razones. La primera era táctica de corto plazo. No podía salir anunciando un acuerdo con el PSC horas antes del pleno municipal extraordinario del viernes para hacer balance de dos años del mandato y en el que promovieron la quinta reprobación del alcalde. No obstante, el líder municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, quiso aclarar que están dispuestos a volver a la mesa de negociación, quizás esta misma semana.
La segunda explicación al portazo de Junts traspasa la frontera de Barcelona y tiene que ver con la estrategia que los neoconvergentes marcan desde su dirección nacional presidida por Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat no perdona al PSC que arrebatara la alcaldía a Xavier Trias, ganador de las últimas elecciones municipales, y aspira a que su partido pueda recuperar la vara de alcalde, a pesar de que todavía no haya designado a un candidato.
¿Qué pesa más en Junts, solucionar un problema ciudadano o su plan de desgaste de Collboni para tener más posibilidades de alcanzar la alcaldía? La respuesta a esta pregunta está provocando un intenso debate interno en Junts entre los que apuestan por aprobar la reforma del 30% y venderla a la ciudadanía como un éxito de la política útil, y los que prefieren pagar ahora la factura social que comportará mantener esta norma fracasada para castigar al rival y aspirar a una victoria en 2027.
El problema es que si vence la segunda opción, el candidato o candidata llevará esta piedra en el zapato toda la campaña electoral. Este mes de julio será la última oportunidad para el pacto o el desacuerdo sobre este asunto porque tras las fiestas de la Mercè de septiembre se dará por iniciada la precampaña electoral y entonces la temperatura política hará más difícil el acuerdo.
Nada está roto todavía y la línea de comunicación está muy abierta entre Barcelona y Waterloo, aunque a veces forzar la mezcla de asuntos y estrategias puede provocar un invalidante dolor de cabeza. Mientras tanto, la ciudad observa cómo Junts sigue deshojando una margarita que corre el riesgo de marchitarse si no acierta con su veredicto.
