Foto: Leonardo Maine/Archivo El Pais
Desde comienzos de agosto se negocian convenios laborales a dos años de plazo en los que se juega la suerte de las remuneraciones de algo más de 700.000 trabajadores. Las negociaciones deberían haber terminado a comienzos de este mes de noviembre, pero solamente el 40% de los grupos logró hacerlo.
Lo que sí conforma al gobierno es que el 70% de los acuerdos ya definidos fueron cerrados tomando en cuenta los lineamientos diseñados por el Poder Ejecutivo y el restante 30% lo fueron con modificaciones que no son relevantes, dijo a El País la directora de Trabajo, Marcela Barrios.
Esto implica que los salarios de menos de $ 38.950, tendrán ajustes nominales de 3,3% en julio de este año, de 3,6% en enero de 2026, de 2,8% en julio de ese año y de 3,5% en enero de 2027.
Para la siguiente franja que va hasta los $ 165.228, los aumentos serán de 2,5, 3,3, 1,9 y 3,2, respectivamente. Barrios aseguró que para toda la franja de salarios inferiores habrá un crecimiento del salario real (por encima de la inflación) asegurado al que se tendrá que sumar en algunos casos el incremento del Salario Mínimo Nacional, que comenzará a tener vigencia a partir del próximo 1º de enero y que se comunicará en breve al Consejo Superior Tripartito.
Se establecen correctivos anuales para las franjas 1 y 2, en caso de que la variación del IPC (o sea, la inflación) sea mayor a los valores otorgados, considerando a su vez un margen de tolerancia. En el primer año, el correctivo será en base a la inflación subyacente (que excluye los ítems más volátiles del indicador) con un margen de tolerancia de un + 0,5% para la franja 1, y de un 1% para la franja 2.
En el segundo año, se aplicará un correctivo al final del período en base a la inflación observada. La inflación en los últimos 12 meses fue de 4,2% y el gobierno espera que en el conjunto del año se ubique en 4,5%.
Barrios explicó que el pasado martes las partes acordaron en el Consejo Superior Tripartito, a instancias del gobierno, negociar un mes más. En realidad, veinte días serán asignados a negociar y el resto a la redacción de los acuerdos. La intención del Ejecutivo es no tener que hacerse cargo de destrabar conversaciones. Pero en el caso del grupo que negocia los salarios en los supermercados esto tendrá que ser así porque tanto la Asociación de Supermercados como el sindicato del comercio (Fuecys) retiraron sus respectivas propuestas, dijo a El País el presidente del gremio, Fabio Riverón.
La propuesta de la Dirección Nacional de Trabajo, que se ha reunido con ambas partes, seguramente buscará un camino intermedio y respetará los lineamientos del Ejecutivo, pero aún no se definió, señaló Riverón. Hasta ahora, el Ministerio votó una fórmula junto a los empleadores en tres ocasiones y en una lo hizo con los trabajadores, detalló Barrios.
Sin avances
Si bien el gobierno no quiere transmitir alarma, lo cierto es que el grupo de la industria láctea no se ha podido instalar porque el sector empresarial ha dejado claro que no se sentará a negociar mientras estén vigentes medidas sindicales. La situación de conflictividad en Conaprole, la empresa hegemónica del mercado, lo complica todo.
Tampoco se ha podido avanzar en otros sectores, como el de la bebida y el de los metalúrgicos.
Acuerdo en el sector del servicio doméstico
En la semana que comienza se firmará un acuerdo que es valorado especialmente por el gobierno, que es el del servicio doméstico. Tendrá la innovación de que se crearán tres categorías: a) limpieza, b) limpieza-cocina y c) limpieza-cocina-cuidados. Barrios explicó que el convenio incorporará otros beneficios para los trabajadores del rubro, como las licencias por cuidados que mejorarán su calidad de vida. Otro sector que aparece como “trancado” es el ganadero. En Uruguay se consideran “sumergidos” unos 218.000 salarios de los trabajadores que el Pit-Cnt llama “veinticincomil pesistas”. Según la central obrera, en 2024 la participación de la masa salarial en el PIB se ubicó en 40,1%, un nivel similar al de 2021 y por debajo del de 2019.
