Entre la Costa Brava y la Costa Daurada, según los datos facilitados por la Federació Catalana de Vela (FCV) se ubican más de 86 clubs náuticos, 51 son de actividades de vela, surf y otros deportes que se localizan en los 600 kilómetros de playa con los que cuenta Catalunya. El futuro de 44 de ellos, más del 85%, está en riesgo a causa de una aplicación implacable de la ley de Costas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y su brazo ejecutor, la Demarcación de Costas del Estado. Los 44 clubs están al borde de la demolición al caducar la concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, que incluye las playas.
Con la reforma de la ley 22/1988 de 28 de julio, modificada por la ley 2/2013 que impone la conservación del litoral garantizando el uso público y penando la privatización de la costa, muchas concesiones han sido revisadas, limitadas o directamente no renovadas, como sucede con la mayoría de los clubs de playa. La ley prohíbe explícitamente construcciones permanentes y actividades que limiten el acceso libre a la playa.
La Generalitat es el organismo que puede apoyar la declaración de BCIN de los clubes afectados por Costas
En Catalunya, a diferencia de otras comunidades, la Demarcación de Costas del Estado ha puesto el foco en las asociaciones náuticas con una aplicación estricta de la ley y ha empezado a dictar órdenes de demolición desestimando las alegaciones de los propios municipios afectados.
De nada han servido estrategias como impulsar la declaración de los centros deportivos como bien cultural de interés local (BCIL) desde los ayuntamientos. Una declaración insuficiente si no se eleva a escala nacional generando la declaración de bien cultural de interés nacional (BCIN) que debería generar un titubeante Gobierno de la Generalitat. En la actualidad, el grupo parlamentario de Junts negocia con el Estado, con el beneplácito del resto de las formaciones políticas, un real decreto para modificar la ley y permitir una moratoria de las ejecuciones previstas. La petición se basa en la importante actividad deportiva que realizan estas instalaciones, desde donde se recuerda han salido numerosos medallistas internacionales.
Más allá de los clubs
En Catalunya, no solo los clubs de playa están amenazados por la Demarcación de Costas del Estado. Así, en Cabrera de Mar obligaron a eliminar el centenar de estacionamientos junto a la estación de ferrocarril. En Calella ponen trabas para legalizar los biotopos marinos y señalan el campo de fútbol de Mar. En Arenys de Mar, Costas impide cualquier naturalización si no se eliminan los aproximadamente 500 aparcamientos de la playa del Cavaió. En Vilassar están en peligro las casetas de los pescadores del espigón de Garbí. En esta misma población, Demarcación de Costas procedió a demoler el veterano restaurante Palomares, tras medio siglo de vida, e hizo caso omiso a la propuesta de un grupo científico de convertirlo en un centro de interpretación y de activación marítima de la almadraba. Y en Caldetes pende de un hilo el futuro del hotel balneario Colón.
En el 2019, el Club Nàutic de Pineda de Mar fue el primero que se vio obligado a cerrar ante la imposibilidad de hacer frente a la modificación de la ley de Costas que le imponía una superficie máxima de 300 m2si pretendía mantener la concesión. El segundo club damnificado fue el de Cabrera de Mar, también en el Maresme, demolido en abril del 2021, al considerar inviable la restricción y no poder adaptarse a la normativa, por lo que la entidad decidió no dar continuidad a su actividad.
Desde entonces, la mayoría de los clubs que disponen de instalaciones en las playas han recibido requerimientos de cese de actividad y restitución de la legalidad. Los más afectados por una ejecución inminente son el Club de Mar de Sitges, fundado en 1952, que está amenazado de derribo desde principios de año, pero que momentáneamente sortea la condena con estrategias judiciales basadas en la protección de los bienes culturales, como la piscina o el propio edificio. No hay que obviar que de incumplir la orden los miembros de las juntas directivas pueden responder con su patrimonio ante un juez, como ya se les ha recordado desde la Demarcación de Costas.
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Otro club que ha recibido la notificación para proceder al desmantelamiento es el Club Nàutic Bétulo de Badalona, que fue declarado BCIL por el Ayuntamiento en 2019, aunque esta figura no le garantiza la exención de la ley de Costas. El Club Nàutic Vilassar, que cuenta con una concesión original de 99 años desde 1967, también tiene dificultades para renovar su concesión, lo que también les ha llevado a considerar las acciones legales. La misma situación se repite en el Club Nàutic de Torredembarra. Mientras que mantienen el mismo desafío el CM de Torredembarra, el CN Calafell, el CN Salou, el CN Balís, el CN Sa Riera, el CN Tamariu y el CN Vilanova, que tiene abiertos varios litigios con la Administración para preservar sus instalaciones.
La Demarcación de Costas argumenta que estas acciones son medidas de protección del dominio público, pero la FCV alega que establecer una limitación de la superficie máxima para las instalaciones autorizadas, sin tener en cuenta un análisis de la actividad que realizan, ni el volumen de usuarios, “contradice la lógica del urbanismo funcional”.
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La gran mayoría de los clubs de playa con actividad consolidada exceden ampliamente esta superficie “no por afán de ocupación extensiva” sino por “pura viabilidad técnica y pedagógica”. Reducir estas instalaciones equivale a “comprometer la continuidad del servicio público”. Por todo ello reclaman “adoptar un criterio más flexible adaptado a la realidad del territorio”. No se puede soslayar, aseguran, que “el cierre de estos clubes supondría un perjuicio irreparable para la formación de deportistas” así como para los objetivos sociales, educativos y medioambientales.
