A lo largo de toda mi vida profesional he estado vinculado al sector agropecuario argentino desde múltiples miradas: como ingeniero agrónomo, como trabajador rural, como administrador de empresas agropecuarias, como contratista, como administrador de pooles de siembra, como comerciante de insumos agropecuarios, como técnico en áreas de desarrollo de empresas nacionales y trasnacionales, y, en los últimos 20 años como asesor en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Hoy, a mis 72 años, siento que ese recorrido, adquirido en forma de experiencias concretas, de aciertos y errores, de contacto permanente en el territorio y también en la elaboración de políticas públicas, constituye un capital que merece ser compartido. No desde la confrontación, sino desde el diálogo, la reflexión y la construcción de consensos.
El sector agroindustrial argentino no es solamente el generador de divisas del país, sosteniendo alrededor del 60 % de nuestras exportaciones, si no que es, además, un pilar estratégico para algo mucho más profundo y estructural: el ordenamiento demográfico, social y territorial de la Argentina.
Nuestro país enfrenta desde hace décadas una concentración poblacional creciente, desequilibrios regionales marcados y un abandono progresivo de vastas zonas del interior. El agro, entendido en sentido amplio y moderno, tiene la capacidad de revertir esa tendencia. Para ello necesitamos productores arraigados, comunidades rurales vivas, con acceso real a educación de calidad, salud, conectividad, cultura y servicios básicos. Necesitamos caminos y rutas en condiciones, transporte de corta y larga distancia, trenes, aviones y una infraestructura pensada para integrar, no para aislar.
Hablar de política agropecuaria no es hablar solo de retenciones, impuestos o coyunturas climáticas. Es hablar de un proyecto de país. De cómo producimos alimentos, cómo cuidamos el ambiente, cómo generamos empleo genuino, cómo distribuimos población y cómo construimos desarrollo federal.
Lamentablemente, a lo largo del tiempo, ha existido y aun persiste, una disociación entre gran parte de la dirigencia política y la comprensión profunda del sector agroindustrial. No por mala fe, sino muchas veces por desconocimiento, por distancia con la realidad del interior productivo o por miradas parciales que reducen al sector a una variable fiscal.
Mi intención, al iniciar esta etapa como consultor, analista y expositor, es contribuir a cerrar esa brecha, acercar miradas, aportar experiencias y promover una discusión madura y estratégica. Sin antagonismos estériles entre campo e industria, entre producción y política. La Argentina necesita de todos sus sectores articulados, no enfrentados. Propongo pensar en una verdadera revolución verde y roja: verde por los granos, la agricultura, la tecnología y la innovación; roja por las carnes, las economías regionales y el valor agregado. Una revolución que no se agote en decisiones legislativas o ejecutivas, sino que impulse un cambio de paradigma social, donde el campo sea sinónimo de futuro, progreso y desarrollo integral.
Este artículo es apenas un punto de partida. Una invitación al diálogo, a la reflexión y a la construcción de políticas que estén a la altura de una Argentina moderna, inclusiva y verdaderamente federal.
