Una vez más, el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora, pretende que la Argentina “ordene sus cuentas” recortando donde más duele: en las jubilaciones y pensiones. Lo más preocupante es que el propio gobierno nacional —de manera indirecta, mediante eufemismos como “reformas estructurales” o “racionalización del gasto”— termina convalidando ese pedido.
No se trata solo de números ni de déficit. Se trata de derechos. La jubilación no es un privilegio: es el fruto del trabajo y del esfuerzo de toda una vida. Ajustar sobre los jubilados es ajustar sobre la dignidad. Es descargar sobre los más débiles lo que debería asumirse desde la política, desde la responsabilidad de quienes gobiernan y negocian con el FMI.
Mientras los grandes sectores financieros continúan recibiendo beneficios, exenciones y protección, los jubilados ven cómo sus ingresos se licúan mes a mes. El verdadero “despilfarro” no está en las jubilaciones, sino en la falta de coraje político para poner límites a la concentración económica y a la especulación.
La Argentina necesita un plan que ordene sus cuentas, sí, pero con justicia social. Sin someterse a recetas que ya fracasaron una y mil veces. Porque un país que ajusta sobre sus abuelos es, en definitiva, un país que se olvida de sí mismo.
