La modificación de la ordenanza de civismo está en tramitación. Su nominal, “para fomentar y garantizar la convivencia”, define sus objetivos: promoverla y hacerla real, pero la propuesta no lo hace. Se precisa un contenido y unas consecuencias ante su incumplimiento más contundentes: no habrá impunidad para quien no respete la norma. Y este el sentido de la cuarentena de alegaciones presentadas por la entidad Barcino 5G.
La observancia de la ordenanza es un test del buen comportamiento de los vecinos de Barcelona y de quienes a ella acuden a trabajar o a visitarla. Además de derechos, tenemos la obligación del respeto a la ciudad y a la sociedad. Si la incumple, la correspondencia se altera. Sin reciprocidad no hay retorno. Es una exigencia que denomino el “arraigo cívico”. Quien acumule sanciones cívicas graves, firmes y reiteradas en poco tiempo o deudas no testimoniales con el Ayuntamiento no ha de acceder a servicios municipales no básicos. Es incongruente que a estas personas se las financie, pese a su actitud reprobable, el acceso a gimnasios o de ciertos eventos culturales. Igual sucedería con aquellos extranjeros que aspiran a residir o a trabajar en nuestro país. A la carencia de antecedentes penales debe adicionarse el de un buen comportamiento municipal. Sin delitos y con civismo. En caso contrario, debe emitirse un informe de arraigo social, por incívico, negativo. Si no respetan a quien les acoge no se merecen convivir entre nosotros. Por otra parte, debe ser exigido para acceder a una vivienda pública junto a diez años de residencia continuada y legal en la ciudad que ya propuse en el 2007 por ser un bien escaso y caro.
Quien acumule sanciones cívicas graves no ha de acceder a servicios municipales no básicos
El Ayuntamiento, como el ciudadano, ha de tener obligaciones. Deben ser suficientes los agentes de la Guardia Urbana, con implicación plena de los Mossos, y eficaces los servicios sociales y de limpieza y se ha de disponer de un catálogo real de prestaciones sustitutorias a una multas, incobrables demasiadas, aunque se endurezca su importe. Perdamos los complejos. Y que nadie apele a su cultura, religión u origen para vulnerar nuestras reglas de convivencia y se prohíba el niqab o el burka por respeto a la dignidad de la mujer y de seguridad. Dese respaldo económico a quienes padezcan actos incívicos y se persone el consistorio como acusación particular en los de mayor gravedad.
Hay más. El derecho de manifestación con el de la libre circulación son conciliables. Quienes lo hagan en escaso número y caben en la acera, que no alteren el tráfico cortando las calles. Me sorprende que se prohíba expresamente el consumo de alcohol en la vía pública y no el de drogas. En la de la mendicidad u otras prácticas irregulares, la intervención policial debe requerir su cese inmediato y suprimirse la advertencia previa del agente al infractor antes de denunciar, por ejemplo, si vas desnudo. Es una tarjeta amarilla cuando ha de ser una roja directa.
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Impulsemos los voluntarios cívicos. Un recuerdo de mi niñez. El de los alumnos más mayores o padres que, con un arnés visible e indicadores de paso, colaboraban en regular el tráfico y otear la seguridad en los entornos de los colegios o que, con nitidez, se contemple que los padres respondan por sus hijos gamberros. Y afiancemos los en favor de nuestros mayores y de las personas con discapacidad. Si no se introducen cambios en la ordenanza, será lo de siempre. Cambiar algo para que todo siga igual.
