Choque entre el gobierno del alcalde Jaume Collboni y la fundación Arrels a santo del trato de la nueva ordenanza de civismo de Barcelona a las personas sintecho. La fundación lamentó en estas páginas este mismo viernes que el nuevo redactado de la norma municipal llamada a mejorar la convivencia en el espacio público no considera los nuevos perfiles de las personas sin hogar, los de aquellas que a lo mejor tienen un empleo pero igualmente no pueden acceder a una vivienda, y sobre todo que encima este texto a punto de entrar en vigor penaliza a las personas que viven en las calles tanto como lo hacía la antigua, que los castiga por realizar acciones a las que están abocadas dado que viven en las calles.
Uno de los padres de esta ordenanza de civismo, el teniente de alcalde de Seguridad y de Prevención, quien más se enfrascó en las negociaciones con los ediles de Junts a fin de sacarla adelante, Albert Batlle, entiende sin embargo que la nueva norma prioriza los trabajos comunitarios y las acciones formativas en los casos de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. “Queremos reintegración y sensibilización, no penalización económica –detalla el propio teniente de alcalde Batlle–. Este avance no significa crear espacios de impunidad. Las normas son para todos, pero la respuesta se adapta a las circunstancias personales para garantizar proporcionalidad y dignidad. El preámbulo de la norma deja claro que queremos reducir el impacto negativo de las sanciones en personas vulnerables. Además, esta ordenanza condena la aporofobia”. Arrels, no obstante, considera que las sanciones a las personas en estas tesituras no deberían ser sustituidas, sino anuladas.
“Pasamos de un texto sancionador a otro con medidas adaptadas”, dice el teniente de alcalde Batlle
“Con esta nueva ordenanza también adaptamos el procedimiento sancionador a las circunstancias de estas personas –abunda el teniente de alcalde–, informamos a las personas vulnerables sobre servicios sociales y médicos, les ofrecemos medidas alternativas y también les garantizamos el acompañamiento urgente a los servicios competentes”. En este sentido, Batlle quiere subrayar el artículo 58.3, “porque exime de sanción a las acampadas realizadas por personas en situación de sinhogarismo”. Además, “incorporamos mecanismos que priorizan la atención social frente a la sanción. Por ejemplo, si una persona tiene necesidades sociales o médicas, los agentes deben adoptar medidas de asistencia y acompañamiento”.
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“En definitiva –concluye el teniente de alcalde de Seguridad y Prevención–. La nueva ordenanza de convivencia de Barcelona da un paso adelante muy importante en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Hemos pasado de un modelo eminentemente sancionador a un sistema que incorpora la dimensión social, con exenciones, derivaciones y medidas adaptadas”.
