El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado el proceso para revocar las licencias de pisos turísticos que otorgó, de forma fraudulenta, la trama de funcionarios municipales que en 2022 fueron condenados por soborno, cohecho y prevaricación. Las licencias se aprobaron en 2005, el escándalo trascendió en 2009 y el juicio se celebró 13 años después. En 2022, la sentencia dio por probado que las licencias turísticas –todas de pisos ubicados en Ciutat Vella– se habían tramitado con documentación falsa. Sin embargo nunca fueron revocadas y, a día de hoy, estos pisos turísticos siguen todavía activos.
El gobierno municipal ha dado ahora luz verde para comenzar el proceso para anular las licencias que en su día se otorgaron de forma irregular iniciando la revisión de cada uno de los expedientes. No son pocos y el proceso es laborioso. La sentencia se refería a 13 casos concretos con licencias aprobadas entre el 2 de julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2006 (en enero de 2007 dejaron de otorgarse por la inminente redacción del plan de usos de Ciutat Vella). Pero durante aquel periodo entraron muchas más peticiones que las que hace referencia el juez. Los servicios municipales analizaron licencias otorgadas entre julio de 2005 y el 31 de diciembre de 2006 y detectaron que un total de 388 concedidas eran sospechosas.
Los pisos, en Ciutat Vella, obtuvieron la autorización de forma fraudulenta, según la sentencia de 2022
El siguiente paso consistió en solicitar a la Direcció General de Turisme de la Generalitat cuántos de estos 388 pisos turísticos figuraban en el Registre General d’Empreses i Activitats Turístiques de Catalunya (REAT) y, en paralelo, se pidió a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que informara sobre cuántos de ellos disponían de cédula de habitabilidad. Dos requisitos obligatorios e indispensables para obtener la licencia.
Un recurso de apelación pendiente
Según se considera probado en la sentencia, los imputados por el caso, entre ellos Heliodoro Lozano, entonces director de Servicios Técnicos de Ciutat Vella, Elena Ariza, exresponsable jurídica del distrito, y Joaquín Quílez, el ingeniero que ejercía de intermediario, aceptaron como válidos “certificados falsos del REAT o cédulas de habitabilidad que no eran auténticas” a cambio de sobornos. Ariza rechazó llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía, como sí hicieron Lozano y Quílez (el primero con una condena de dos años y el segundo de cuatro años y tres meses, cuando Fiscalía les pedía veinte) y fue condenada a tres años y medio de prisión, tras lo que presentó un recurso de apelación.
Una vez recibida esta información a mediados de marzo de 2023, se empezaron a contrastar y analizar cada uno de estos 388 expedientes. La conclusión, según el informe al que ha tenido acceso La Vanguardia, es que un total de 260 pisos turísticos son sospechosos o porque no figuran en el REAT o porque no tienen la cédula de habitabilidad o por carecer de ambos requisitos. Más de una docena de los pisos están ubicados en la calle Argenteria y también los hay en la calles Carme, Comtal, Hospital, paseo Colom, Canuda, Calders o Escudellers.
Los expedientes tramitados en 2005 y 2006 se conservan en papel y no están, como ahora, digitalizados e indexados. El gobierno municipal tenía dos opciones: pedir la documentación en papel a la Direcció General de Turisme y a l’Agència de l’Habitatge y revisarlos a mano uno a uno o, dado el volumen de trabajo que ello supondría, esperar a finales de 2028 y dejar que estas y el resto de licencias de la ciudad expiren, tal y como ha anunciado el gobierno municipal.
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La decisión ha sido clara: revisar todos los expedientes y en aquellos en que quede probado que las licencias se obtuvieron de forma fraudulenta realizar el proceso para revocarlas. Habrá primero que ordenar todas las carpetas –ocupan dos armarios en los despachos de los servicios de inspección–, agrupar los expedientes y escanearlos, indexarlos e hipervincularlos para poder manejarlos. Este trabajo se prolongará unos dos meses. Luego comenzará la elaboración de los informes para cada uno de los expedientes en los que se justifique la necesidad o no de iniciar la revisión de oficio. A principios del próximo año comenzaría la tramitación y resolución de las revisiones de oficio para que, una vez las resoluciones sean firmes, se puedan ejecutar.
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Fuentes municipales apuntan que el proceso para acabar efectivamente revocando hasta 260 licencias ahora vigentes puede tardar más de un año. No en vano, una vez incoados, los afectados podrán presentar alegaciones y será necesario el informe de la comisión jurídica asesora antes de la aprobación definitiva de la revocación. Como han pasado 20 años desde que se otorgaron las licencias, las casuísticas pueden ser muy variadas y los pisos pueden tener otros propietarios. Para llevar a cabo todo este trabajo se ha contratado a un abogado y un administrativo que se dedicarán exclusivamente a la revisión de estas 260 licencias.
