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lunes, abril 28, 2025

El Banco Mundial insta a América Latina a priorizar la lucha contra el crimen organizado

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Es imperativo que los países de América Latina prioricen de una vez por todas la lucha contra el crimen organizado. La advertencia es del Banco Mundial, que en su último reporte sobre el tema, presentado este lunes en Washington, dibuja un escenario tan sombrío como complejo de resolver. “Su dominio ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil o México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países”, dice el informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe. Las consecuencias negativas de este crecimiento son múltiples, dice el Banco Mundial, y llama la atención sobre la poca efectividad de las políticas de “mano dura” contra el crimen, tan en boga en países como El Salvador y Argentina, si son acompañadas por “medidas de prevención a largo plazo”.

“El crimen organizado y la violencia obstaculizan el camino hacia el desarrollo”, dice el Banco Mundial, y enumera una larga lista de consecuencias negativas para el crecimiento económico. “La incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de las empresas y reducen su competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos del gasto en salud, educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas; las víctimas de violencia ven reducida su capacidad para acumular capital humano; los delitos a activos o propiedades erosionan el capital físico; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen organizado pierden sus libertades básicas; la infiltración en las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de servicios esenciales”, desgrana el texto.

Soldados acordonan la escena en un operativo en Culiacán, México, en septiembre 2024.

El informe llama la atención sobre los altos niveles de violencia letal que registra América Latina con respecto a otras regiones. “Aunque representa solo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en América Latina fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a ocho”. El problema se produce en un contexto de instituciones débiles que “agravan el problema en lugar de mitigarlo. “La lucha contra el crimen organizado se ve obstaculizada por deficiencias en los sistemas carcelarios, las fuerzas de policía y los sistemas de justicia. En muchos lugares, los grupos de crimen organizado han tomado el control de las cárceles y gestionan el crimen desde adentro”. Las políticas de“mano dura” son, en este escenario, fuertemente dependientes del contexto específico en que se implementan y estas estrategias son, con frecuencia, contraproducentes”, advierte el Banco Mundial.

Falta de oportunidades

“El crimen organizado se alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y la debilidad institucional”, dice el informe. Y advierte que cualquier solución sostenible en el tiempo debe atacar esas falencias. “En el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad”, dice.

En lo inmediato, sin embargo, es necesario fortalecer el poder del Estado en seguridad, priorizando la capacidad de las cárceles, con una mejor policía y una justicia que “mitigue las expresiones más dañinas del crimen organizado y controle su expansión”. “También debe dar prioridad a intervenciones de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales. Ambos esfuerzos requieren mejores datos y estudios para orientar el diseño de las políticas públicas (…) La prevención no puede reemplazar las políticas de seguridad, pero es un complemento fundamental. Igualmente, una buena política de seguridad sin medidas de prevención será insuficiente en el largo plazo”, concluye.

Redacción

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