El plan que regulará todas las actividades que se pueden practicar en el ámbito marino del parque natural del Cap de Creus echará a rodar este verano. Habrán pasado quince años –con sus siete presidentes– y más de 200 reuniones en el territorio desde que se empezó a dibujar la hoja de ruta para preservar este espacio natural, muy frecuentado en verano, buscando el equilibrio con la actividad turística y económica. Grosso modo, el resultado de este intenso debate en el territorio es que se amplía la superficie en la que no se puede pescar –de 20 hectáreas a 300– y que se restringe el uso de motos acuáticas, una prohibición que, al inicio del debate, había generado mucha polémica. Al final será una limitación con matices.
A no ser que uno sea vecino de los municipios que integran el parque en su parte marítima (Roses, Cadaqués, Port de la Selva o Llançà) y propietario de una moto acuática, que sí que podrá circular en grupos de cuatro como máximo, el resto solo podrá ir en moto acuática si van acompañados de guía. Las otras excepciones serán las personas con movilidad reducida y los que presten servicios públicos.
Se probará un sistema de videovigilancia con inteligencia artificial para detectar infracciones
El plan también pone el foco en la velocidad máxima de las embarcaciones que transiten por este espacio natural, que en las discusiones previas se había fijado en 10 nudos y que finalmente se amplía a 12. No son los 15 que pretendían algunas entidades, como la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, que reclamaba asemejar la velocidad máxima permitida a la de otras zonas naturales próximas. En cuanto al fondeo de las embarcaciones, se permite el fondeo libre, excepto cerca de los campos de boyas y en las calas Murtra, Jugadora y Galladera. La pernoctación y el amarre durante la estancia se limita a un máximo de dos noches consecutivas.
El documento definitivo estipula que como máximo podrán operar en la zona quince empresas de submarinismo. Pero recogiendo las alegaciones presentadas, se permite a un grupo de ocho centros más –que no están radicados en el territorio– realizar un máximo de dos actividades de inmersión a la semana y un máximo de 20 salidas al año. Por su parte, los submarinistas particulares deberán comunicar al parque el número de inmersiones, la ubicación y el tipo de embarcación.
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En cuanto a la pesca recreativa, estará prohibida en 750 hectáreas del parque, en el que tampoco se permitirán fiestas a bordo de embarcaciones.
El plan tiene una validez de cuatro años y estará dotado de 7 millones de euros, de los cuales 2,6 serán para inversiones. Una de las dificultades que entraña este tipo de actuaciones es cómo hay que ejercer el control para hacer cumplir la norma. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, reconoce que es imposible poner un agente rural en caza zona del parque y ha avanzado que la inteligencia artificial ayudará en el despliegue efectivo y a detectar ciertos comportamientos e infracciones. La idea es que en estos primeros meses desde la publicación de este plan en el DOGC se realice una labor más pedagógica que punitiva.
