“Si a un funcionario le planteás si sabe que su vehículo tiene multas, seguro te contesta ‘es un auto oficial, ¿qué me decís?‘ Los autos oficiales son como embajadas circulando”. Transparente y brutal, el testimonio de este ex funcionario de una jurisdicción que por pedido expreso suyo se evitará revelar, describió una problemática que se expande como un iceberg silencioso bajo el mar, y cuya punta emergió este sábado, cuando trascendió que el auto oficial que manejaba Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires demorado este sábado en un control de alcoholemia, tiene 137 multas que suman una deuda de más de $21,5 millones.
El iceberg se sostiene en un mito que sólo en parte explica la falta de este y un número inestimable de funcionarios. Porque, ¿cuántos autos oficiales circulan en Argentina? ¿Cuántos de esos adeudan multas y por cometer qué tipo de infracciones? La información básica para estas líneas no está centralizada ni mucho menos, disponible. Al cierre de esta nota (y luego de cuatro días de espera), Clarín aguardaba precisiones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), desde donde prometieron recolectar los datos “en base a las jurisdicciones que utilizan el Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI)”.
Aun así, la presunción de voces reservadas del sector es que los autos oficiales que se mueven a sus anchas por el país habiendo recibido multas que sostienen impagas son bastante más que los que cualquiera imaginaría. Algunos explican el asunto partiendo de una creencia errónea, que se volvió una especie de mito instalado. Una persona que trabaja en un importante organismo ligado al poder Legislativo daba cuenta de esa creencia. Dijo que “los autos con chapa oficial tienen libre estacionamiento” (algo cierto), pero también que «tienen libre tránsito, o sea que en ciertas situaciones pueden superar el límite de velocidad permitido”. Lo último es falso.
Ninguna norma sostiene tal beneficio, más allá de que -explicó la fuente experta en estos temas citada al comienzo- algunos organismos estatales emitan “papelitos sin valor” (sic), cuyo único objetivo es “persuadir a la Policía” de que el vehículo puede traspasar el límite de velocidad. Más que mito, quizás sea la versión blanda -por izquierda- de una norma que sí existe, pero aplica para otros vehículos: los que cubren emergencias. Es decir, Bomberos, ambulancias y la Policía en situación de persecución. Están habilitados a superar la velocidad máxima, siempre que no pongan en riesgo la vida de terceros.
Seguramente, quienes cumplen funciones en el Estado son conscientes de que las multas no son sólo una herramienta de recaudación importante para los gobiernos sino que cumplen un rol social adoctrinador importante. Sin embargo, quienes más deberían dar el ejemplo a la ciudadanía, tiendan al flaqueo.
La fuente consultada planteó ese escenario de un modo desolador. Dijo que ese desentendimiento es tan enfático que la multa muchas veces ni siquiera pone un pie en el sistema informático donde debería tramitarse: “Como los vehículos oficiales no están a nombre de nadie y figuran como propiedad de cierta dependencia del sector público, la posición del controlador de faltas termina siendo decir ‘siga, siga‘”.
“A ciencia cierta, ni los controladores de falta, ni los ministros de Transporte se gastan en citar a un organismo público porque sus autos hayan cometido infracciones de tránsito. Saben que nunca van a venir, y hacerlo sería gastar recursos. La cosa muere ahí. No hay consecuencias para quien manejó y cometió una infracción”, subrayó.
Las multas, los autos oficiales y la viveza criolla
Es cierto que algunos organismos vienen intentando ordenar esta cuestión, como la propia ANSV o el Senado de la Nación, que aparentemente hicieron avances importantes en el control de su flota de autos propia. No es nada de otro mundo: llevan un registro claro de quién maneja qué auto a qué hora, y de si la persona cometió infracciones. Si las cometió, las pagan. Eventualmente aplican algún apercibimiento al chofer.
El razonamiento inverso de parte de quienes desestiman las multas (como si el auto oficial tuviera una especie de inmunidad nata), consideran una paradoja tonta que el Estado le tenga que pagar una infracción al propio Estado: “Entonces, no vas a encontrar un solo funcionario que vaya a pagar una multa. No existe eso porque serían las cuentas del Estado pagándole a la cuenta del juzgado de faltas. Una suerte de intra-pago”.
Un informe de la UADE reporta que conducir con exceso de velocidad, con exceso de ocupantes, con exceso de alcohol en sangre o consumo de estupefacientes y a contramano o por la banquina, son las infracciones viales más comunes en la Argentina. Más allá de que el último informe oficial de Siniestralidad mostró que en 2023 murieron 12 personas por día (producto de más de 3.700 siniestros viales), «el denominador común» que provoca estas faltas de quienes manejan autos oficiales es que “el tema no está la agenda de nadie». Y no sólo eso: «A nadie le interesa porque es considerado un tema menor”.
En una de las multas al auto de Bianco se puede ver lo que parecería una cinta de papel tapando parte de la patente
Autos oficiales y multas: Argentina no es Borguen
Modelos ejemplares para seguir no faltan, y muchas empresas privadas los utilizan en el país. Por caso, sistemas de logueo que obligan al chofer a pasar una tarjeta personal que permite luego recabar la información de quién manejó qué auto a qué hora: “Si lo tuvieras identificado y además tomaras la decisión de que la infracción sea responsabilidad de quien conduce -y no un número más que se va ir pasando entre gestiones-, la situación podría ser muy distinta».
“Pero bueno, esto no es Borgen; ese mundo en el que un funcionario con una infracción por alcoholemia no podría ejercer ningún cargo público”, sentenció la fuente, en alusión a la famosa serie que retrató con excelencia los sinsabores (y los trapitos al sol) del Gobierno danés. En países como la Argentina, donde viajar a contramano de lo razonable está casi naturalizado, esa producción dejó boquiabiertos a unos cuantos, principalmente por la baja vara de tolerancia que esa sociedad tiene sobre la incorrección de sus políticos.
Desde la ANSV aseguraron a este medio que el sistema de control no hace diferencias y que “todos reciben el mismo trato, sin distinguir entre vehículos oficiales y particulares”. Pero el entrevistado de estas líneas consideró que lo que pasa con los autos oficiales “es profundamente injusto en términos de equidad”.
Porque (cerró), “si a un trabajador que a duras penas subsiste se le exige con rigidez que renueve su licencia y tramite su libre de deuda de infracciones, es absolutamente injusto que a un funcionario público no le caiga la misma responsabilidad cuando su responsabilidad es incluso muchísimo mayor. Todo contribuye a esta sensación de anomia. Cada uno hace lo que se le canta”.
PS
