Mustafá partió a los 14 años, en el 2021, de Marruecos rumbo a Europa. Primero entró en Ceuta y luego estuvo en un centro de menores de Valencia del que escapó. Ya había cumplido los 16 años, pero no le habían tramitado los papeles para su regularización. Llegó a Francia, acabó en la calle y su situación se deterioró mucho. “Lo detuvieron ocho veces y lo enviaron a una prisión de París, pero él dijo: Yo no entraré allí, me suicidaré. Veinticuatro horas después se había ahorcado con una sábana”, relataba ayer jueves Claire Tricot, directora del Casal dels Infants en Marruecos, en la jornada Infants, migrats i sols: triple vulnerabilitat, més protecció, celebrada en el Museu Marítim de Barcelona. La triste historia de Mustafá sirve a Tricot para evidenciar la urgencia de establecer marcos de colaboración entre regiones y países para la protección de menores migrantes.
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“De este drama aprendimos la necesidad de trabajar coordinadamente; Mustafá constaba como desaparecido en España”, detalla Tricot. “Es necesario un enfoque trasnacional -añade-; estos menores están en movimiento desde que salen de su país de origen”. Esta inquietud fue uno de lo motivos que alumbró Rassif en Marruecos, un proyecto impulsado por el Casal dels Infants que persigue garantizar los derechos de los niños inmersos en un proceso migratorio.
El Casal dels Infants presentó en dicha jornada un informe que analiza el marco jurídico de protección de este colectivo. El trabajo, realizado por el Casal dels Infants y la Fundació Ficat en colaboración con Punt de Referència, Cepaim, La Xixa y las fundaciones Idea y Putxet, pone de relieve que la falta de coordinación entre comunidades autónomas y entre los estados “tiene graves consecuencias”.
Los autores del documento reclaman a la Generalitat que “deje de permitir que la Fiscalía de Menores realice pruebas de determinación de edad a los menores que disponen de un pasaporte o de otra documentación de su país de origen que no ha sido declarada falsa por ningún juzgado, tal como establecen múltiples sentencias del Tribunal Supremo”. Este es el caso de Madou Cessay, participante en la jornada junto con otros tres jóvenes migrantes. Madou, de Gambia, disponía de pasaporte en vigor, pero le practicaron las pruebas que determinaron que era mayor de edad y tuvo que salir del centro de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i la Adolescència (DGPIA). “Salí de Gambia a los 14 años para mejorar mi vida y la de mi familia. Fui a Senegal, Mali, Argelia, Marruecos y llegué a Canarias a los 16”, recuerda Madou, que gracias al apoyo de diferentes entidades ha tramitado los papeles, estudia y comparte piso.
Madou Cessay (19 anys): ve de Gàmbia. Amb 14 anys va començar el seu procés migratori, arran del desig de voler ajudar la seva família i buscar-se un futur millor. Va passar per 9 països. Amb 16 anys entra a Canàries, després va a Murcia i acaba a Barcelona, on es queda a un centre de menors durant més d’un any. El seu és un dels casos en que, tot i tenir un passaport vàlid i que acreditava que era menor d’edat, li van fer proves fisiològiques per determinar si era o no menor d’edat. Les proves van dir que era major d’edat i el van fer fora del centre en qüestió de dies. Entitats van trobar-li un recurs d’habitatge per a joves. Parla de com el patiment per aquestes vulneracions i la preocupació per obtenir els papers els distreu del que realment han vingut aquí per a fer: estudiar, treballar, cuidar-se.
