Durante los años en que fui asignado a la embajada norteamericana en Guatemala, trabajé de cerca con Durán entre 2017 y 2021. Su dedicación y lealtad fueron fundamentales para el éxito de nuestras operaciones conjuntas. Sin embargo, su arresto en diciembre de 2021 y las acusaciones en su contra no parecen ser el resultado de una investigación legítima, sino una estrategia para desacreditarlo y detener la lucha efectiva contra el crimen organizado. Este esfuerzo quedó expuesto en mi libro El Vuelo Final: La Reina del Aire, publicado en junio de 2024.
La fabricación de cargos contra Durán
El mayor Durán ha sido acusado de colaborar con narcotraficantes, pero hasta la fecha, no se ha presentado ninguna prueba sólida que respalde tales afirmaciones. Las acusaciones parecen ser producto de una fabricación cuidadosamente elaborada, cuyo objetivo es obstaculizar el progreso de las operaciones contra el narcotráfico.
La falta de evidencia concreta y la imposibilidad de sustentar legalmente las acusaciones contra Durán plantean serias dudas sobre la veracidad de estas alegaciones. El arresto del mayor, a pesar de su historial impecable y de haber aprobado múltiples pruebas de polígrafo que refuerzan su integridad, muestra una clara intención de desacreditar.
La importancia de la integridad en las investigaciones
El mayor Durán demostró un compromiso ejemplar con la lucha contra el narcotráfico. A pesar de las presiones, nunca cedió a compartir detalles confidenciales de las investigaciones, preservando la seguridad y eficacia de las operaciones. Este compromiso con la confidencialidad le permitió ser un aliado crucial en las operaciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Sin embargo, a pesar de su historial, la fabricación de cargos en su contra sugiere que su figura se convirtió en un objetivo dentro de una lucha interna por el control de las investigaciones. Su arresto, a pesar de su honestidad demostrada en las pruebas de polígrafo, deja claro que no se trató de una cuestión de justicia, sino de una estrategia para silenciarlo.
¿Por qué no ha sido extraditado?
El Ministerio Público de Guatemala ha alegado que Durán ayudó a los narcotraficantes, pero hasta la fecha, no ha presentado ninguna evidencia suficiente que respalde esta acusación.
Si existieran pruebas suficientes, Durán habría sido extraditado de inmediato a los Estados Unidos, tal como sucedió con el coronel Godoy, quien fue capturado en 2022 y extraditado rápidamente.
La falta de evidencia y la ausencia de un proceso formal de extradición para Durán subraya la posibilidad de que las acusaciones sean infundadas, y que se trate de un intento de desacreditarlo dentro de una campaña orquestada para frenar sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.
Investigaciones selectivas y desigualdad en el proceso judicial
Mientras que se llevaron a cabo investigaciones contra oficiales y soldados del ejército, la justicia nunca alcanzó a otros individuos clave, pese a su evidente complicidad con los narcotraficantes.
Los casos que involucran a coroneles, capitanes de navíos y generales, muchos de los cuales estaban vinculados directamente con el narcotráfico, no fueron ni siquiera investigados por el Ministerio Público.
Uno de los casos más reveladores fue el del capitán primero de aviación Luis Rolando Méndez Bekker, quien en 2019 fue arrestado tras el hallazgo de una avioneta incendiada en Sipacate, Escuintla. Habría que resaltar que Méndez Bekker fue piloto del presidente Jimmy Morales. Sin embargo, el Ministerio Público no pudo sostener su acusación y fue liberado.
Este patrón de selectividad en la justicia sugiere que hay intereses políticos y económicos en juego que protegen a ciertos individuos, mientras se utiliza a Durán como chivo expiatorio para frenar los avances en la lucha contra el narcotráfico.
La corrupción en la recolección de evidencia en los eventos aéreos
Una de las pruebas más contundentes de la corrupción interna en las fuerzas de seguridad es el robo de evidencia en los eventos aéreos, un patrón que ha comprometido investigaciones clave.
A pesar de las alertas de agentes federales estadounidenses y funcionarios del Ministerio Público, nunca se tomó acción contra los responsables del saqueo de evidencia en los lugares de aterrizaje de aeronaves con droga.
El caso del Hawker con matrículas N305AG y N818LD
Un caso que expone las irregularidades dentro del sistema judicial guatemalteco es el del jet Hawker con matrícula N305AG y N818LD, que aterrizó con 1,700 kilogramos de cocaína.
Pese a la incautación de la droga, el gobierno desvió la aeronave de su proceso judicial para incorporarla a la Fuerza Aérea, violando los procedimientos legales y comprometiendo las investigaciones.
Este tipo de decisiones arbitrarias destaca la manipulación de investigaciones y la desigualdad en el trato judicial, donde algunos casos se ven resueltos de manera conveniente para ciertos sectores, mientras se persigue y desacredita a individuos como Durán sin fundamento alguno.
El robo de evidencia en el arresto de Godoy
El caso del coronel Godoy también muestra la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, ya que durante su arresto se sustrajeron importantes evidencias, incluyendo dinero y equipos electrónicos.
La implicación del G2 del ejército en el robo de evidencia refuerza la percepción de que hay una red de protección que favorece a ciertos individuos, mientras se fabrica la culpabilidad de otros como Durán.
La relación cuestionable de Giammattei con el diputado Ubico Aguilar
El presidente Alejandro Giammattei también ha sido cuestionado por su relación con el diputado José Armando Ubico Aguilar, quien ha estado involucrado en la filtración de información confidencial a narcotraficantes. Ubico, quien recibía datos sobre radares y la ubicación de unidades del ejército, desempeñó un papel clave en sabotear los esfuerzos para frenar el narcotráfico. Esta relación cercana y la falta de acciones judiciales en su contra refuerzan la sospecha de que el gobierno guatemalteco no está comprometido de manera genuina en la lucha contra el narcotráfico, favoreciendo a aquellos que facilitan el tráfico de drogas y poniendo en peligro a los oficiales comprometidos con la causa, como el mayor Durán.
La ovación cuestionable: La medalla Monja Blanca para Ubico Aguilar
Uno de los eventos más reveladores sobre la corrupción y manipulación en la lucha contra el narcotráfico en Guatemala fue la condecoración del diputado José Armando Ubico Aguilar con la Medalla Monja Blanca de Primera Clase, la máxima distinción otorgada por el Ejército de Guatemala. La ceremonia tuvo lugar el 10 de marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Henry Reyes, le entregó la medalla en un acto oficial, a pesar de que el gobierno tenía pleno conocimiento de que Ubico Aguilar enfrentaba cargos pendientes en los Estados Unidos por narcotráfico.
Esta ovación dentro de círculos militares y políticos contrasta con la persecución de oficiales como el mayor Durán Cáceres, quien fue encarcelado sin pruebas contundentes mientras que individuos con conexiones documentadas con el narcotráfico recibían honores y reconocimientos del Estado.
Más tarde, en mayo de 2024, el Ministerio de la Defensa Nacional intentó distanciarse de esta decisión y retiró la condecoración tras la declaración de culpabilidad de Ubico Aguilar en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, este episodio refuerza la percepción de que en Guatemala se fabrican casos contra ciertos funcionarios mientras que otros, con vínculos evidentes con el crimen organizado, son protegidos e incluso exaltados.
Conclusión
El caso del mayor Carlos Enrique Durán Cáceres no es solo un ejemplo de injusticia, sino de una clara fabricación de cargos para desacreditar a un oficial clave en la lucha contra el narcotráfico.
La falta de pruebas concretas, la manipulación de la evidencia y las relaciones cuestionables dentro del gobierno guatemalteco señalan que el verdadero objetivo de su arresto fue evitar que continuará su colaboración en operaciones internacionales contra el crimen organizado.
El debido proceso debe ser garantizado, y un sistema judicial justo y eficiente debe actuar sin presiones políticas ni corrupciones internas. Guatemala no podrá avanzar en su lucha contra el narcotráfico hasta que se realicen investigaciones imparciales, libres de interferencias externas, y hasta que se garantice la justicia para quienes verdaderamente están comprometidos en la defensa de la seguridad del país.
Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute.
