Como resultado de la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de la convocatoria de jubilados del último miércoles, 20 personas debieron ser hospitalizadas. Una de ellas es el reportero gráfico Pablo Grillo, quien pelea por su vida luego de ser intervenido quirúrgicamente. En este contexto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció la “fuerza represiva previamente planificada”.
“Las mal llamadas armas ´menos letales´ matan”, repudiaron. Asimismo, destacaron que el impacto de un cartucho de gas en la cabeza del reportero gráfico es consecuencia directa del protocolo “antipiquetes” que, en 2023, reintrodujo el uso de armas peligrosas en operativos en manifestaciones públicas.
Desde 2011 hasta 2023, las fuerzas de seguridad tenían prohibido portar armas de fuego en manifestaciones sociales. Esta decisión se tomó luego de las muertes ocasionadas en operativos de diciembre de 2001, como también el asesinato del maestro Carlos Fuentealba, ocurrida en la provincia de Neuquén en 2007.
“La actual administración revirtió esto, lo que muestra un retroceso en la protección de la integridad de los manifestantes. La represión del miércoles no fue una respuesta improvisada, sino una decisión previamente planificada. La autorización del uso de armas letales, el despliegue coordinado de todas las fuerzas federales y el discurso belicista del Gobierno indican que el objetivo era impedir la protesta a cualquier costo”, consideraron.
«El protocolo antipiquetes atenta contra la vida»
Según el CELS, una hora antes de la convocatoria, la Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad comenzaron a lanzar gas pimienta contra los manifestantes. Poco tiempo después, llegaron los gases lacrimógenos, el agua desde los carros hidrantes y las balas de goma.
En este contexto, el reportero gráfico Grillo resultó gravemente herido. “Lo que ocurrió fue una consecuencia lógica de una secuencia que inició en diciembre de 2023, con la instauración del protocolo anti piquetes. Termina siendo un protocolo que atenta contra la vida”, aseguró Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS, en comunicación con Radio Universidad.
Además, manifestó que la portación de armas en estos contextos estuvo acompañada por discursos que “escalaron la amenaza, la intimidación y el preanuncio de la violencia. “En el terreno de los hechos ocurrió este dramático desenlace. Aunque quieren decir que lo ocurrido con Grillo fue un accidente, hay evidencia que lo acontecido es una consecuencia lógica de estos cambios normativos y del despliegue represivo”, agregó.
Denuncias del CELS frente a la ONU y la CIDH
Desde el CELS denunciaron el operativo frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Estamos permanentemente informando sobre distintos derechos afectados por este Gobierno. Ya tenemos una presentación anterior de cuando instauraron el protocolo anti piquetes, sobre la cual actualizamos permanentemente la información”, aseguró Perelman.
De igual manera, explicó que las responsabilidades sobre los hechos represivos del último miércoles son varias. “Se tiene que identificar al responsable material, definir las responsabilidades jerárquicas y de quienes decidieron ese tipo de despliegue y de las autoridades políticas”, señaló.
Para concluir, enfatizó en la nueva manifestación de jubilados prevista para el próximo miércoles. “Si bien el Gobierno escala su discurso, cuanto más numerosas sean las manifestaciones, más seguras resultan. El peor resultado de estos hechos es que la intimidación que están promoviendo tenga efecto. En tanto, el mejor resultado que podemos tener es sostener la movilización y acompañarnos siendo muchísimos”, argumentó.
