“Sin sustento técnico, jurídico ni económico que justifique su implementación ni garantice protección para los consumidores”, así calificó el Centro de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza, que preside Gabriel Tropeano, al proyecto del Gobierno que afectará la actividad profesional de martilleros y corredores inmobiliarios.
Según el comunicado oficial, “el proyecto desestima estándares mínimos de idoneidad, fundamentales en el ejercicio responsable de esta profesión. La idoneidad profesional no se improvisa: se construye y perfecciona con formación académica, constante capacitación y experiencia específica en el rubro. Solo el profesional matriculado puede interpretar con solvencia las complejidades normativas, operativas y socioeconómicas del mercado inmobiliario en su jurisdicción”.
“La Ley Nacional Nº 20.266 establece, de manera clara, que el corretaje inmobiliario debe ser ejercido exclusivamente por profesionales matriculados”. Además, la Ley Nº 25.028 refuerza este principio al incorporar como requisito la formación universitaria en la materia.
Más adelante el comunicado agregó que “cada provincia regula esta actividad conforme a sus particularidades: en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, rige la Ley Nº 10.973”.
En el año 2015, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación incorporó el contrato de corretaje como figura legal. Destacó que su ejecución debe recaer en personas capacitadas para mediar en negocios lícitos y no prohibidos. “Este marco jurídico preserva principios claves: profesionalidad, imparcialidad, autonomía e indelegabilidad, pilares necesarios para evitar prácticas que puedan generar perjuicios irreparables en el patrimonio de terceros”, precisó.
Desde el Centro de Martilleros reafirmaron “el compromiso con una práctica profesional regulada, ética y técnicamente solvente, en resguardo del interés público y del desarrollo ordenado del sector inmobiliario”. Además, instaron a los legisladores a “reflexionar sobre las consecuencias de este proyecto y a proteger la figura del corredor inmobiliario como garantía de calidad y responsabilidad en cada operación”.
El proyecto oficial
El Gobierno nacional busca que el congreso sancione el proyecto de Ley 2586 D que desregularía la actividad de martilleros y corredores inmobiliarios. Así, cualquiera podrá ejercer ese rol. En sus fundamentos señala la necesidad de “garantizar la libertad de acceso y ejercicio de la actividad comercial, eliminando las restricciones legales que limiten la misma”. Según los libertarios, con solo ser mayor de edad y no estar inhabilitado se podrá ejercer la actividad.
