La Administración Trump ordenó la pasada semana el envío de tres buques de guerra cerca de las costas de Venezuela. La Casa Blanca dice que el movimiento forma parte de una operación antidroga en aguas del mar Caribe, pero los jerarcas del chavismo temen —o al menos eso exteriorizan en público— que el principal objetivo de Washington sea tumbar el régimen de Nicolás Maduro.
Porque el despliegue militar, que moviliza a 4.000 marines, supera con creces el despliegue que podría requerir una operación antidroga. «Es como llevar un obús a una pelea con cuchillos», comentaba un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos en declaraciones a The New York Times.
Una operación anfibia es del todo improbable, sin embargo. Entre otras razones, como explicaba Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), porque «ese escenario implicaría una movilización militar muy, muy superior a la actual».
«Estamos hablando de varios buques, es cierto, pero con 4.000 marines no alcanza para invadir ningún país. La última gran invasión en América Latina, que fue la invasión a Panamá, requirió 27.000 tropas, de las cuales 13.000 ya estaban asentadas en Panamá, puesto que en el país había bases militares americanas», recordaba la politóloga. «Y además Panamá es un país mucho más pequeño que Venezuela».
Pero nada es descartable cuando es Donald Trump quien toma las decisiones. Y menos aún cuando además existen precedentes. Tanto en Venezuela como en otros países de América Latina. El caso de Panamá que citaba Jiménez Sandoval es paradigmático, pero no es el único.
De momento, Trump prepara el terreno para cualquier tipo de intervención. No en vano, el inquilino de la Casa Blanca firmó el pasado mes de julio una orden ejecutiva que autorizaba el uso de la fuerza militar del Pentágono en las zonas donde operan cárteles de la droga latinoamericanos.
También vinculó a Maduro con el Cártel de los Soles, una «organización terrorista extranjera», según la etiqueta del Gobierno federal, y dobló la recompensa por información que facilitara su captura. Los impresos del Departamento de Estado ponen precio a la cabeza del sucesor de Hugo Chávez: 50 millones de dólares.
Cierre de filas
Pero el ‘cinturón rojo’ de América Latina —o los gobiernos de izquierdas que mantienen relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro a pesar del fraude electoral del 28 de julio del año pasado— no parece dispuesto a aceptar ninguna operación estadounidense en la región. Ni siquiera una eventual maniobra militar para desmantelar las rutas del narcotráfico en el mar Caribe.
«No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución [de México]», declaró durante una Mañanera de la semana pasada Claudia Sheinbaum. «Lo dice claramente nuestra Constitución, y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias», insistió.
Preguntada sobre las conexiones de Maduro con el Cártel de los Soles, Sheinbaum se limitó a responder que «si tienen alguna prueba, que la muestren».
En agosto del pasado año, Andrés Manuel López Obrador, mentor político y predecesor en el cargo de la presidenta mexicana, pidió a Maduro que presentara las actas con los resultados de unos comicios que el líder chavista, según determinaron los principales observadores electorales, perdió frente a Edmundo González Urrutia, el candidato opositor.
López Obrador no actuó en solitario, sino que lo hizo en coordinación con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, los dos principales interlocutores del chavismo en América Latina.
Sheinbaum, que no tomó posesión hasta octubre, adoptó una posición «neutral» en la escena política venezolana. Petro se mostró, en cambio, tan visceral como acostumbra. La semana pasada, durante una reunión del Consejo de Ministros que estaba siendo emitida en directo, el presidente colombiano denunció que «los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema; meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia».
Petro expresó sus temores de que, en caso de invasión, los «traquetos» o traficantes de droga que operan a lo largo de la frontera terrestre de 2.219 kilómetros que Colombia comparte con Venezuela aprovecharan la ocasión para «apoderarse de las riquezas del subsuelo, [de los] minerales, y eso significa más economía para la muerte, no para la vida». «Así que yo le dije a Trump a través de sus emisarios que eso sería el peor error», sentenció Petro.
Precisamente, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes el despliegue de 15.000 militares en los estados fronterizos de Táchira y Zulia para combatir el narcotráfico.
Esta semana, Petro escribió en la red social X que «no debe haber guerra en lo que fue la Gran Colombia, eso puede costar heridas irreversibles por generaciones». También aseguró el mandatario colombiano que el Cártel de los Soles «no existe», sino que se trata de una «excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen».
«Tenemos a los gobiernos de México y Colombia denunciando la injerencia de Estados Unidos en América Latina», subraya Jiménez Sandoval. «Con lo cual, Maduro acaba saliéndose con la suya a pesar del acuerdo para no reconocer la legitimidad de su Gobierno».
Sheinbaum y Petro no son los únicos líderes latinoamericanos que se han pronunciado sobre el despliegue militar estadounidense en las costas venezolanas. El autócrata cubano, Miguel Díaz-Canel, expresó «toda la solidaridad y el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana y chavista» y dijo estar convencido de que «la fortaleza de la Unión Cívico-Militar en Venezuela derrotará las amenazas imperialistas y los actuales intentos de sabotear el desarrollo del país».
Por su parte, el dictador nicaragüense Daniel Ortega denunció la sumisión tanto de la región como de la comunidad internacional ante las amenazas de Estados Unidos. «Hoy lo hacen con Venezuela, y mañana intentarán hacerlo con otro país que hoy parece sometido a las políticas del imperialismo», advirtió.
El mandatario chileno, Gabriel Boric, quizás el líder de izquierdas sudamericano más crítico con el régimen de Maduro, guarda silencio, del mismo modo que Lula da Silva.
El presidente brasileño sigue sin pronunciarse sobre este asunto, aunque su antiguo canciller y actual enviado especial, Celso Amorim, encargado de manejar las relaciones con Caracas, reconoció en sede parlamentaria estar preocupado «por el desplazamiento de buques estadounidenses y su manera de ver el tema».
«Maduro hace un llamado a los países de América Latina para que cierren filas en torno a él con el fin de expresar su rechazo a la injerencia estadounidense. Aprovecha la ocasión para movilizar a la región frente a la Administración Trump, y haciéndolo ante una región que le ha reclamado el fraude electoral del año pasado revierte en cierto modo su situación», sentencia Jiménez Sandoval.
A expensas de conocer los planes de la Casa Blanca, la politóloga venezolana argumenta que la lucha contra el narcotráfico no debe ser una lucha militarizada porque «el narcotráfico —y ya lo sabemos después de cinco décadas de ese paradigma equivocado y fallido de la famosa guerra contra las drogas—, no se combate militarmente, sino a través de la profesionalización de la policía, de las investigaciones judiciales independientes, del fortalecimiento del Poder Judicial, la persecución financiera, etcétera».
En caso de que la Casa Blanca busque herir de muerte al chavismo, Jiménez Sandoval tampoco considera que la estrategia sea la adecuada: «Maduro está utilizando este suceso para promover un discurso nacionalista, llamar a sus bases, convocar un registro de milicianos y promover apoyos regionales».
