El Senado de la Nación protagonizó un hecho histórico al dejar sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y confirmar la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la Cámara Alta garantizó la sanción definitiva de una norma que beneficiará a miles de personas y que había sido rechazada por el Poder Ejecutivo. Se trata de la primera vez en 22 años que el Congreso logra revertir un veto, un hecho que marca un fuerte límite político al gobierno libertario.
Mientras el Presidente se encontraba en Los Ángeles, en el recinto se produjo una votación que superó con amplitud los dos tercios necesarios. El respaldo fue transversal: Unión por la Patria, la UCR y diversos bloques provinciales acompañaron la iniciativa. Solo los senadores oficialistas, junto con Carmen Rivero (PRO) y Francisco Paoltroni, defendieron el rechazo al proyecto. En contraste, en julio la ley había sido aprobada por unanimidad en medio de varias ausencias, lo que resalta la magnitud de este cambio político.
El debate se dio en un clima atravesado por el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que terminó de inclinar a legisladores que se mantenían indecisos. Varios senadores cuestionaron la falta de gestión del Ejecutivo y la insensibilidad hacia uno de los sectores más golpeados por los recortes. La votación fue celebrada por organizaciones y familias que se movilizaron en las afueras del Congreso, donde compartieron testimonios sobre las dificultades para sostener tratamientos y la pérdida de pensiones.
La ley establece la emergencia hasta diciembre de 2026, con revisiones periódicas. Además, fija la actualización automática del nomenclador de prestaciones de acuerdo al índice de precios al consumidor y la recomposición retroactiva de aranceles desde diciembre de 2023.
Pese a que la Casa Rosada está obligada a promulgar la norma, el Ejecutivo ya analiza una estrategia judicial para intentar frenar su aplicación. Incluso, el senador Antonio Carambia advirtió que, de no cumplirse, podría impulsar un juicio político contra el mandatario por incumplimiento de deberes.
La decisión del Congreso no solo constituye un alivio para quienes reclamaban el reconocimiento de derechos básicos, sino también una señal clara de que el poder legislativo puede imponerse al Ejecutivo. La última vez que algo similar ocurrió fue en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde. Ni Néstor Kirchner, ni Cristina Fernández, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández enfrentaron un revés parlamentario de esta magnitud.
