El reciente decreto 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, ha generado una fuerte polémica al restringir significativamente el derecho a huelga en Argentina. La medida amplía la lista de actividades consideradas «esenciales», obligando a garantizar servicios mínimos del 75% en sectores como salud, educación, transporte y telecomunicaciones, y del 50% en otros sectores catalogados como de «importancia trascendental»
Ante esta situación, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un amparo judicial solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto, argumentando que viola derechos reconocidos por la Constitución Nacional . Paralelamente, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha anunciado un plan de lucha que incluye paros, asambleas y movilizaciones para el mes de junio .
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también han expresado su preocupación, señalando que la medida busca proteger el ajuste económico en lugar de los derechos de la población .
Este decreto se suma a una serie de reformas impulsadas por el gobierno que han sido cuestionadas por diversos sectores de la sociedad. La respuesta de los sindicatos y organizaciones sociales refleja una creciente tensión en el país respecto a las políticas laborales y los derechos de los trabajadores.
La implementación del decreto 340/2025 plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de garantizar servicios esenciales y la protección de los derechos laborales. La reacción de los sindicatos y organizaciones sociales evidencia la importancia de un diálogo abierto y constructivo para abordar las preocupaciones de todos los sectores involucrados.
En un contexto de cambios significativos en las políticas laborales, es fundamental que las decisiones gubernamentales consideren el impacto en los derechos de los trabajadores y busquen soluciones que promuevan tanto la eficiencia como la justicia social.
