China Gezhouba Group Company Limited llegó a América Latina con la promesa de transformar la infraestructura regional. Una década después, su rastro está marcado por proyectos fallidos, multas millonarias, sanciones internacionales y una estela de comunidades afectadas que se extiende desde Argentina hasta Ecuador. Una investigación exhaustiva revela cómo una de las constructoras más grandes del mundo ha convertido el desarrollo en devastación.
Gezhouba no es una empresa cualquiera. Fundada en la década de 1970, esta constructora estatal china se jacta de tener presencia en más de 100 países y estar entre los 50 contratistas más grandes del mundo. Su proyecto más emblemático, la represa de las Tres Gargantas, la convirtió en un símbolo del poderío ingenieril chino. Pero esa misma obra, que desplazó a 1.2 millones de personas e inundó 1,300 sitios arqueológicos, también prefiguró los problemas que la empresa traería a América Latina.
Entre mayo de 2015 y noviembre de 2016, el Banco Mundial inhabilitó a cuatro filiales de Gezhouba por «mala conducta» en proyectos relacionados con conservación del agua, recuperación post-terremotos y gestión de inundaciones. La sanción se extendió automáticamente a otros bancos multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo, marcando el inicio de una serie de alertas que los gobiernos latinoamericanos parecieron ignorar.
Ecuador: El laboratorio de errores
En Ecuador, Gezhouba encontró su primer gran escenario latinoamericano durante el gobierno de Rafael Correa. Los resultados fueron desastrosos.
La Central Hidroeléctrica Sopladora, construida por un consorcio que incluía a Gezhouba, acumuló 402 fallas técnicas y multas por USD 305 millones por incumplimientos. Tras 474 días de retraso en la entrega final, la Contraloría ecuatoriana documentó «un listado de obras que se encuentran defectuosas, no aceptables».
Los problemas no terminaron con la inauguración. En septiembre de 2023, la central sufrió una avería mayor cuando se detectaron fallas en el eje de una turbina. El problema ocurrió porque, si bien el eje estaba construido con acero adecuado, las tuercas y arandelas no eran de la mejor calidad. La reparación requirió la fabricación de un nuevo eje en China, con un tiempo estimado de cuatro meses.
Por otra parte, el proyecto de control de inundaciones Bulubulu representa quizás el fracaso más emblemático de Gezhouba en la región. Entregado en abril de 2015 como una obra que protegería a más de 65,000 habitantes de las inundaciones del río Bulubulu, tan solo un año después los habitantes locales volvieron a ver inundadas sus casas. La Contraloría ecuatoriana abrió una investigación que documentó «inconsistencias técnicas en precios y pagos».
En San Miguel de Urcuquí, a su vez, Gezhouba y China National Electronics Import & Export Corporation fueron contratadas por USD 233 millones para desarrollar infraestructura clave en la Ciudad del Conocimiento Yachay Tech. Sin embargo, varios edificios quedaron inconclusos o presentaron fallas estructurales, afectando el desarrollo académico de la universidad.
Argentina: una década de promesas incumplidas
Las represas de Santa Cruz representan el caso más complejo y costoso de los fracasos de Gezhouba en la región. Lo que debía ser un proyecto de 5.5 años se ha convertido en una saga de más de una década, plagada de demoras, renegociaciones y conflictos.
Adjudicado en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por USD 4,714 millones, el proyecto debía finalizar en 2020. Hoy, después de 10 años, tiene menos del 30% de avance y está completamente paralizado desde diciembre de 2023.
Cada cambio presidencial trajo nuevas demoras:
- Gobierno de Macri (2015-2019): Se rediseñó el proyecto, bajando la potencia de 1,740MW a 1,310MW y reduciendo la cota del embalse. Las obras estuvieron prácticamente paralizadas durante seis meses.
- Gobierno de Fernández (2019-2023): En 2021 se produjo una crisis crítica cuando el plazo de gracia de 5.5 años se cumplió sin obras terminadas. China suspendió el crédito y Argentina tuvo que negociar una prórroga para evitar caer en default.
- Gobierno de Milei (2023-presente): Las obras están paralizadas desde noviembre 2023, con 2,500 empleos perdidos y Gezhouba amenazando con retirarse definitivamente del país.
Gezhouba tiene reclamos abiertos contra ENARSA por USD 400 millones por demoras en la ejecución de las obras, mientras que la empresa estatal reclama por cambios en el proyecto ejecutivo. El cronograma original preveía que las represas estarían funcionando desde 2020, pero la nueva fecha de finalización está estimada para 2027.
Perú: un nuevo frente de problemas
La llegada de Gezhouba a Perú coincidió con el vacío dejado por el escándalo Lava Jato, pero rápidamente se reveló que los problemas se repetían.
Según investigaciones periodísticas, Gezhouba forma parte de lo que se denomina el «Club Chino de la Construcción», que reemplazó al antiguo cártel brasileño-peruano. 77 proveedores y subcontratistas reclaman el pago de S/ 44 millones por servicios prestados a proyectos de Gezhouba y China Railway.
En 2024, Provías Nacional alertó sobre los riesgos de contratar con Gezhouba y recomendó que la Procuraduría Anticorrupción evaluara imponer medidas preventivas contra la empresa. Sin embargo, un año después, el consorcio Vial Sama, del cual Gezhouba forma parte, obtuvo la buena pro para una obra valorizada en S/ 600 millones en Tacna.
En Moquegua, el Consorcio Vial Samegua, conformado por Gezhouba y una empresa peruana, dejó a 46 proveedores sin cobrar deudas que suman más de S/ 10 millones. Francisco Linares, del Grupo Cima Álex E.I.R.L., testimonió: «Mi deuda es de US$ 110,000».
En Cusco, el Gobierno Regional consideró rescindir el contrato con Gezhouba para la Vía Expresa después de que la empresa solicitara S/ 12 millones adicionales alegando que «el expediente técnico estaría mal elaborado».
Los fracasos de Gezhouba en América Latina no son casos aislados sino parte de un patrón global. En Asia, la planta hidroeléctrica Neelum-Jhelum en Pakistán, construida por un consorcio que incluía a Gezhouba, fue cerrada en 2022 después de que funcionarios detectaran grietas en un túnel que transporta agua a través de una montaña.
En África, países miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta han reportado graves daños en obras de empresas chinas, desde fallas en la cimentación hasta cables eléctricos expuestos y tuberías de acero defectuoso. La Contraloría revisó la construcción de 200 escuelas levantadas por chinos y descubrió problemas con cimientos, pisos inclinados y cables sin protección.
Gezhouba ha respondido a las críticas con un patrón consistente de negación y excusas técnicas. En un comunicado de 2017, la empresa argumentó que la sanción del Banco Mundial fue resultado de que «las empresas filiales citadas no conocían bien las reglas de la licitación del Banco Mundial», describiendo la restricción como «una confusión de concepto».
Sin embargo, la realidad de los proyectos cuenta una historia diferente. Los costos de los fracasos se miden no solo en millones de dólares perdidos, sino en oportunidades de desarrollo desperdiciadas y comunidades afectadas.
Los casos de Gezhouba revelan las fallas estructurales del modelo chino de inversión en infraestructura. Según Enrique Dussel Peters, del Centro de Estudios China-México de la UNAM, «China llega tarde a la internacionalización de sus empresas. El conocimiento de estas empresas en temas legales, regulación, medioambiente y laboral fue muy escaso, generando errores que han causado masivo descontento local».
El patrón es claro: proyectos diseñados para cumplir objetivos geopolíticos chinos más que necesidades locales, supervisión débil, contratos desequilibrados y una cultura corporativa que prioriza velocidad sobre calidad.
Mientras Gezhouba enfrenta problemas crecientes en la región, los gobiernos latinoamericanos se encuentran en una encrucijada. En marzo de 2023, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió recomendaciones a China pidiendo garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior.
Sin embargo, la dependencia financiera de muchos países de la región hacia China complica cualquier respuesta efectiva. Ecuador debe millones a bancos chinos, Argentina enfrenta cláusulas de cross-default que podrían provocar una crisis mayor, y Bolivia ha comprometido recursos del Banco Central para financiar proyectos chinos.
Una década después de su llegada masiva a América Latina, Gezhouba deja un balance devastador: proyectos incompletos, comunidades afectadas, ecosistemas destruidos y cientos de millones de dólares desperdiciados. Su historia es la de una empresa que prometió desarrollo y entregó fracaso.
Pero quizás la lección más importante no es sobre Gezhouba, sino sobre la necesidad urgente de que los gobiernos latinoamericanos establezcan estándares más estrictos, mejoren la supervisión técnica y coloquen los intereses de sus pueblos por encima de consideraciones geopolíticas.
