El politólogo boliviano Franklin Pareja sostuvo que la reciente liberación de la expresidenta Jeanine Áñez refleja el cambio de ciclo político en Bolivia y evidencia una justicia “que vira al calor del régimen que se erige y del que sale”. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), analizó el sistema judicial boliviano, la elección por voto popular de sus magistrados y las consecuencias institucionales de un país “muy desestructurado, con un tejido social fracturado, un sistema judicial que sirve y unas arcas completamente vacías».
Franklin Pareja es un politólogo con máster en administración de empresas. También tiene un posgrado en proyectos de inversión, gerencia política y análisis internacional. Ha desempeñado funciones en el gobierno boliviano y en varias organizaciones internacionales. Es consultor senior para diversas agencias multilaterales de financiamiento y cooperación internacional. Fue presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. Actualmente es catedrático titular de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Lo primero que nos genera la liberación de Yanine Áñez, anulada por la Corte Suprema con el argumento de que ella no era la instancia para juzgar su accionar en la masacre de Senkata, es que cambió el ciclo político y, por lo tanto, la persona que representaba el ciclo político anterior queda liberada. Algo así como una especie de lawfare o de justicia que se acomoda exclusivamente a las necesidades políticas del momento.
Efectivamente, el día de ayer salió en libertad la expresidente de Bolivia, la señora Jeanine Áñez. Por razones de una crisis política profunda en el año 2019, se generó una controversia donde se sostuvo, por informes de la OEA, de la Unión Europea, de peritos y de técnicos, que lo que hubo fue una manipulación del sistema informático, manipulación de actas, lo que es análogo a un fraude. Del otro lado se construyó la narrativa de que se produjo un golpe de Estado, cuando en realidad el expresidente Evo Morales renunció y se fue del país, abandonando sus funciones, y ni siquiera esperó que el Congreso o la Asamblea Legislativa le diera la aceptación o le denegara la renuncia, que es la forma constitucional de no romper precisamente este hilo conductual.
Lamentablemente, a raíz de esta crisis, el país se polarizó y no ha resuelto hasta el día de hoy los problemas estructurales. La señora Áñez fue privada de libertad, pero además mediante la justicia ordinaria, cuando a un expresidente le corresponde un juicio de responsabilidades o un caso de corte. Independientemente de las fundamentaciones que se puedan verter, más con una visión ideológica, lo cierto es que se ha quebrantado el debido proceso, y Bolivia es considerada un Estado inconstitucional de no derecho por uno de los constitucionalistas más solventes de este país, que es el Dr. Gonzalo Hidalgo.
La clara demostración de eso es una detención no solamente de la señora Áñez, sino también del actual gobernador de Santa Cruz, que fue secuestrado, trasladado de su jurisdicción e impedido de llevar adelante su defensa como corresponde. Ayer fue la liberación, y será una buena noticia para la persona afectada, que puede interponer un recurso o una demanda al Estado boliviano -me imagino que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es el Estado boliviano el que le ha perpetrado este daño, que de por sí es irreparable. Son cinco años de vida que no se los va a devolver nadie.
Pero hay sanciones al Estado que pueden venir con una impronta pecuniaria. Lo cierto es que esto muestra que la justicia en definitiva parece que vira al calor del viento, del régimen que se erige y del que sale. Estas son muy malas noticias porque, en términos prácticos y jurídicos, muestra que no hay independencia en absoluto y, mucho menos, separación de poderes. Desde la fundación de la República, lamentablemente, casi todos los gobiernos, ya sean de facto o democráticos también, han caído en la tentación de utilizar el sistema judicial como un caso operativo de persecución política.
Entonces, los desafíos que se vienen de aquí en adelante son gigantescos en un país muy desestructurado, con un tejido social fracturado, un sistema judicial que no sirve y unas arcas completamente vacías y desfalcadas. Las expectativas son demasiado grandes.
¿La Corte es la misma que la de hace cinco años?
En Bolivia hemos eliminado la nomenclatura de Corte. Hoy se llaman tribunales.
Me refiero a la Corte Suprema o al Tribunal Supremo que acaba de fallar que fue inconstitucional lo que hicieron.
Efectivamente, es equivalente a una Corte Suprema. Es el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Es la misma de hace cinco años?
No, no es la misma.
¿Y cuándo y cómo cambió?
Cambió hace un año hubo elecciones judiciales, y Bolivia es uno de los pocos países, junto con México, que elige a sus autoridades de las altas cortes o altos tribunales mediante el voto popular. Eso no ha funcionado en el país.
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¿La Corte Suprema de Justicia en Bolivia es elegida por voto popular?
Los magistrados, sí. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Agroambiental y los vocales del Consejo de la Magistratura son autoridades electas por voto popular. Entonces, quién falló fue el Tribunal Supremo de Justicia, que anuló el juicio.
Es diferente el caso de Brasil con Lula, donde el Supremo Tribunal de Justicia es como el argentino, que no es electo. Si se cambia cada vez que hay votaciones, evidentemente cambia el humor político, y entonces esos jueces terminan siendo representantes del pueblo en cada uno de los momentos. Ahora, ¿van a juzgar a Arce y a Evo Morales? ¿Van a ir presos Arce y Evo Morales?
Considero que si se restaura el sistema judicial, el debido proceso y el Estado de derecho, tienen que seguir el conducto regular y no actuar al calor del revanchismo ni de la retaliación, porque estaríamos haciendo exactamente todo lo que se vino haciendo. De tal manera que Morales, en este momento, tiene condición jurídica de prófugo. Él tiene ahora mismo una imputación que no tiene nada que ver con su función de expresidente; tiene que ver con abuso de menores, por casos de estupro. Y él no se presenta a declarar, es rebelde, desafía al Estado, a la institucionalidad democrática. El gobierno actual nunca se animó tampoco a tomar una acción, más que todo por una cuestión quizás de reacción popular o de afinidad política o ideológica. De tal manera que no hay que hacerle nada a Evo Morales, solo ejecutar una orden.
Intuyo que la elección de los miembros del Supremo Tribunal por voto está en la Constitución de Bolivia. ¿Desde cuándo es así? ¿Y qué duración tiene el mandato de esos miembros del Supremo Tribunal, si es que cruzan al presidente de un signo por el otro?
Esto fue aprobado en la nueva Constitución del año 2009. Morales empezó su gestión en 2006, correctamente. Hubo un proceso constituyente. No se hicieron reformas parciales, se hizo una reforma integral.
¿Y cuánto dura el mandato de los miembros del Supremo Tribunal?
Los magistrados tienen un periodo de seis años. En Bolivia tenemos nueve magistrados del Tribunal Constitucional, donde hay cinco que han emitido una sentencia para prorrogarse en su cargo. O sea, tenemos un tribunal inconstitucional.
¿Esos seis años se renuevan todos al mismo tiempo o es parcial la renovación?
En una elección se renuevan todos. Fenecen su plazo y nuevamente se va a un proceso de elecciones.
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