Está claro que las tareas que no hace el Estado nacional y las que no pueden hacer las provincias termina recayendo en los municipios, tengan o no la función de llevarlas adelante. Es decir, lo que no resuelve la Nación, los gobiernos locales deben atenderlo en la práctica. Por eso, hoy se ven obligados a atender los problemas de salud y de educación, aunque no le corresponden.
También deben encargarse de la problemática social y están tratando de implementar estrategias para generar trabajo. Con pocas competencias y con pocos recursos, los municipios hacen lo que pueden, porque lo que no hace nadie, cae abajo, a la cercanía. Y abajo y cerca están los municipios.
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Junto a este escenario en el que Gobierno central ya no patea los problemas para adelante sino para abajo, también observamos que se concentran cada vez más los recursos en el Estado nacional. El Gobierno ha hecho reformas impositivas que le dan un mayor volumen presupuestario y no ha cumplido con la coparticipación.
Podría señalarse que hay una contradicción entre lo que plantea el presidente Javier Milei y lo que pasa en la vida cotidiana. En su discurso ante el Congreso en la presentación del fallido Presupuesto 2025, del último 15 de septiembre, planteó que el Estado nacional estaba encargado de sólo tres funciones: el manejo de las variables macroeconómicas, las relaciones internacionales y el cuidado de la propiedad privada. El resto de las tareas correspondía a las provincias, a los municipios o al sector privado.
Si fuera consecuente con esa idea, debería trasladar recursos a los Gobiernos subnacionales y a las intendencias, y no quedarse con el control total de los fondos en manos del Ejecutivo central. Pero no es eso lo que está pasando. Las provincias dejaron de recibir más de 12 mil millones de dólares por recursos de coparticipación desde la asunción del actual Gobierno nacional en diciembre de 2023. Y en lo que va de 2025, los ingresos coparticipables cayeron un 12,3%, de acuerdo a información oficial de ARBA.
En un ataque claro al federalismo, el Gobierno nacional viene implementando cambios tributarios que afectan los recursos de las provincias y, por consecuencia, impactan en las arcas de los municipios. De acuerdo a las estimaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las provincias perderán ingresos por un billón de pesos como consecuencia de las medidas adoptadas por ARCA, que modifican los anticipos anuales de Ganancias y las retenciones del IVA de las operaciones aduaneras.
Asimismo, la idea del Súper IVA que está planteando el Ministerio de Economía complicaría aún más esta situación. En primer lugar, porque el IVA es un impuesto regresivo: pagan igual los que más tienen que los que menos tienen. Segundo, porque concentraría cada vez más fondos en un Estado nacional que hace menos cosas.
En los últimos días tuvimos dos encuentros que reflejan eso con claridad. Por un lado, en San Miguel de Tucumán se reunieron los intendentes de las ciudades más importantes de la Argentina planteando este problema de concentración de recursos. Y luego en Paraná, se reunieron los gobernadores, señalando el problema de la falta de coparticipación, de reglas claras y de un Estado nacional que concentra presupuesto, al mismo tiempo que traslada de hecho -ante la inacción- las tareas a las provincias y los municipios. Así, se municipaliza la crisis provocada por las propias políticas nacionales de ajuste, mientras se centralizan recursos en un año electoral.
Hay que repensar la estructura territorial en Argentina, pero no es por este lado. Lo que realmente necesitamos es avanzar en una nueva ley de coparticipación y en un nuevo esquema de distribución de tareas entre Nación, provincias y municipios. Pero ese esquema debe respetar el federalismo y generar una Argentina más integrada, no una lógica de sacarse los problemas de encima y jugar al sálvese quien pueda
