Este texto, publicado originalmente en Ideas de Izquierda México antes de la asunción de Donald Trump, examina las políticas antimigratorias, xenófobas y racistas, de Estados Unidos durante el período reciente, tendientes a exacerbar la explotación y criminalización de las y los migrantes. Influenciadas por el lento crecimiento de la economía internacional, estas utilizan la situación en la que se encuentran las personas que migran como herramienta de control social, exponiendo la vulnerabilidad de las y los migrantes ante la explotación capitalista. Son un reflejo patente de la subordinación de países como de América Latina respecto del imperialismo norteamericano.
Las y los migrantes son, a menudo, forzados a dejar sus lugares de origen por la falta de oportunidades, el incremento de la violencia, el despojo de grupos del crimen organizado, entre otras causas, por lo que se ven obligados a buscar el sustento en otros países en busca de mejores condiciones de vida, con la esperanza de encontrar un futuro mejor para ellos y sus familias. Sin embargo, desde el corazón mismo del imperialismo, hoy se enfrentan a políticas restrictivas que criminalizan su situación y, próximamente, se verán obligados a acatar los mandatos antimigratorios ante la promesa de las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump quien tomará el poder a partir del próximo 20 de enero.
La migración ha sido, históricamente, un fenómeno profundamente relacionado con las estructuras de poder económico y político y, en la actualidad, sigue siendo un eje clave en la dinámica global. En este contexto, este artículo pretende abordar las condiciones de vida de los migrantes, así como las estructuras que impulsan y perpetúan los flujos migratorios inherente a las políticas de control y gestión que las clases dominantes, las potencias imperialistas y las trasnacionales imponen a nivel internacional. Asimismo, estas dinámicas, desde las políticas internas de México, su actual relación con EE. UU. y las presiones del T-MEC (el Tratado de libre comercio entre México, EE. UU. y Canadá que reemplazó al NAFTA durante la gestión anterior de Trump) deben ser comprendidas en el marco de un sistema global desigual, anclado en la dependencia, que favorece a las potencias imperialistas.
La migración como instrumento de control social y político
El flujo migratorio de México hacia EE. UU. es un claro ejemplo de cómo los países imperialistas utilizan la migración como una herramienta de control social y político. A través de políticas de criminalización, EE. UU. ha generado un entorno en el cual los migrantes son presentados como una amenaza a la estabilidad nacional y, a su vez, como una fuente de mano de obra barata. Las políticas de la administración de Trump, seguidas en muchos aspectos por el gobierno de Biden, han convertido la migración en un asunto de seguridad nacional. El muro fronterizo, las detenciones masivas y la deportación de miles de migrantes son ejemplos de cómo la migración es usada para fortalecer el control imperialista sobre las fronteras, al mismo tiempo que refuerzan la división entre las clases de trabajadores de ambos países y de la región.
Este enfoque de seguridad ha sido respaldado por las políticas de México, cuyos gobiernos del Morena, tanto el de López Obrador como el actual, aunque en el discurso se presentan como defensores de los derechos de las y los migrantes, en la práctica se somete a las presiones de Estados Unidos. La política migratoria mexicana, a poco más de 100 días del mandato de Claudia Sheinbaum, se ha caracterizado en los hechos por una sumisión a las demandas estadounidenses, evidenciando la cooperación en la detención y la deportación de migrantes, como ya se ha visto ante las amenazas trumpistas de los últimos dos meses.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) [1], en 2023 se recibieron y “auxiliaron” a 211 980 connacionales deportados de EE. UU., muchos de los cuales fueron enviados a países de origen sin recursos ni apoyos, en un contexto de creciente violencia y discriminación hacia estos grupos.
Condiciones socioeconómicas en América Latina y las causas de la migración
Las caravanas migrantes que, durante los últimos años, salen desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos por México son una respuesta directa a la explotación capitalista con una compleja interacción de factores socioeconómicos, políticos e históricos, incluidas las intervenciones imperialistas, las políticas económicas de libre mercado impuestas por las grandes potencias y el saqueo de recursos naturales por parte de empresas extranjeras, que han despojado a América Latina y el Caribe de sus recursos, profundizando la violencia en la región y han dejado amplias capas de la población en condiciones de pobreza estructural.
Datos del Banco Mundial (2020) [2] indican que aproximadamente el 30 % de la población de América Latina vive en pobreza extrema, lo que impulsa la migración como una respuesta a la falta de oportunidades económicas. Asimismo, Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo, con un índice de Gini [3] de 0.49 según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [4].
Esto significa que hay una distribución desigual de la riqueza, lo que afecta a grandes sectores de la población; es decir una proporción significativa de los recursos y el ingreso está concentrada en manos de una pequeña élite, que representa a la clase dominante y las llamadas clases altas, mientras que una gran parte de la población tiene acceso limitado o nulo a esos recursos, en particular la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y los pobres urbanos. Aunque no es el valor máximo, 0.49 es relativamente alto en comparación con otras regiones del mundo, lo cual es característico de economías con altos niveles de pobreza y exclusión social.
Por otro lado, países como El Salvador, Honduras y Guatemala enfrentan niveles extremadamente altos de violencia, con tasas de homicidio entre las más altas del mundo. Aunque las autoridades salvadoreñas indican que en 2024 se redujeron 26 % los homicidios, 40 menos que en 2023, la Prensa Gráfica menciona que tiene una tasa de homicidios aproximado de 52 por cada 100 mil habitantes [5].
Además, en Honduras, Guatemala y Nicaragua, las empresas extranjeras han tomado el control de grandes extensiones de tierras, muchas veces de la mano del crimen organizado, desplazando a comunidades enteras, que antes dependían de estos recursos para sobrevivir y que está vinculado directamente a los poderes capitalistas y del Estado. Según la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) [6], se estima que más de 100 000 personas han sido desplazadas de sus tierras debido a la minería y la explotación de recursos naturales.
Cabe destacar la importancia de las intervenciones imperialistas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, como hemos visto en Haití, por ejemplo, así como a través de políticas como el Plan Colombia o la financiación de gobiernos y fuerzas paramilitares, las cuales han exacerbado la violencia y la inestabilidad en la región. Estos procesos han sido responsables de la creación de condiciones de vida insostenibles que obligan a las personas a migrar, cuyos conflictos y violencia generaron unos 533 000 desplazamientos, siendo Colombia la mayor parte del total, seguido de México y Haití, según cifras de la OIM [7], para 2023 la cantidad de desplazados internos en América aumentó a 6.7 millones, todo lo cual provoca verdaderas catástrofes humanitarias.
El impacto del T-MEC y las presiones externas
El T-MEC, así como su antecesor el TLCAN, ha jugado un papel crucial en la configuración de las políticas migratorias de México. Este acuerdo, que prioriza la libre circulación de mercancías y capitales y los intereses y ganancias de las grandes trasnacionales, ha condicionado a México a adoptar políticas migratorias que favorezcan el control de flujos humanos más que la protección de sus derechos.
La actual administración gobernante en México, defensor de los intereses capitalistas más allá de su discurso progresista y de un estatus quo donde el país mantiene una situación de subordinación y dependencia del imperialismo, en una situación donde debe cumplir con las demandas de Estados Unidos y mantener algún tipo de retórica para dar respuestas a los sectores populares, ha adoptado políticas que se alinean con las exigencias de la Casa Blanca y los intereses de las grandes corporaciones, no así con la clase trabajadora y, mucho menos, con las y los trabajadores migrantes más pobres que, por su vulnerabilidad ante la criminalización de las personas extranjeras, enfrentan aún más duras condiciones de explotación.
Y es que el T-MEC refuerza las políticas capitalistas al mantener y expandir un modelo económico que favorece la explotación de los trabajadores migrantes, en su mayoría empleados en las maquiladoras del norte de México. Este acuerdo, en su forma actual sigue impulsando una estructura económica que prioriza las ganancias de las grandes corporaciones mientras mantiene a los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad y precariedad.
Primero, el T-MEC otorga ventajas a las empresas trasnacionales, permitiéndoles operar bajo estándares laborales mínimos, lo cual favorece la explotación laboral de los migrantes. En las maquilas donde gran parte de los empleados provienen de comunidades migrantes, las condiciones laborales suelen ser extremadamente duras: salarios bajos, largas jornadas laborales, condiciones insalubres y falta de acceso a beneficios laborales como acceso al sistema de salud pública, jubilación, etc. Además, el tratado no garantiza la protección efectiva de los derechos laborales de los trabajadores, lo que hace que las corporaciones puedan aprovecharse de esta situación sin enfrentar consecuencias significativas.
El tratado también limita la capacidad de los gobiernos de los países subordinados para regular adecuadamente el empleo y las condiciones laborales dignas, ya que estas políticas laborales y económicas en el T-MEC están orientadas a maximizar la competitividad en lugar de proteger los derechos de los trabajadores. De tal manera, que este modelo basado en la competencia a costa de la pérdida de los derechos laborales profundiza la desigualdad entre los trabajadores, fomentando la idea de que hay trabajadores de segunda, generalmente migrante, manteniéndolos en situación de precariedad, mientras las grandes empresas obtienen enormes beneficios. En lugar de una integración económica entre pares, la cual sólo podría darse sobre bases socialistas como explicamos en nuestra Declaración. Enfrentemos la ofensiva antiinmigrante de Trump. Abajo las políticas imperialistas sobre América Latina y el Caribe, el tratado fomenta un modelo económico que profundiza las desigualdades y aumenta la dependencia de México hacia Estados Unidos, creando una presión económica que impulsa a muchas personas a emigrar en busca del sueño americano por mejores condiciones laborales.
La crisis migratoria y la criminalización
El fenómeno migratorio ha desencadenado una crisis humanitaria en la región. La deportación masiva de migrantes y el trato violento por parte de las autoridades migratorias tanto mexicanas como estadounidenses han expuesto la precariedad y vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. Las denuncias de maltrato y abuso por parte del INM y la Border Patrol, junto con la falta de un sistema de apoyo efectivo para los deportados, ilustran cómo la migración se ha convertido en una herramienta de control social y muestra el desprecio de los gobiernos como el de México y Guatemala por la vida de las y los migrantes.
Esta criminalización se ve atravesada por otro fenómeno vinculado a la seguridad, pues mientras las autoridades a ambos lados de la frontera implementan políticas antimigratorias restrictivas y severas, los migrantes se ven forzados a cruzar esta peligrosa frontera enfrentándose a escenarios realmente complejos y duros, siendo una de las principales dinámicas que alimenta esta crisis la relación entre migración y los grupos del crimen organizado.
Estos grupos, que operan tanto en México como en otras regiones de Centro y Sudamérica con total anuencia de las autoridades, han establecido un control de facto sobre las rutas migratorias hacia Estados Unidos, convirtiendo a las y los migrantes en víctimas de extorsión, secuestro y desapariciones, entre otros delitos. A lo largo de los últimos años, las bandas del narcotráfico y tráfico de personas han identificado a los migrantes como una fuente de ingresos, aprovechándose de su vulnerabilidad para obtener ganancias ilícitas.
Los testimonios de migrantes que logran cruzar la frontera son alarmantes y cuentan una realidad abrumadora: son entregados a grupos criminales que operan en las fronteras, quienes los obligan a realizar trabajos forzados o los amenazan con violencia si no cumplen con los pagos exigidos. Esta situación se agrava con la complicidad de autoridades y fuerzas armadas a ambos lados de la frontera, quienes en muchos casos no sólo permiten, sino que coordinan, dirigen o colaboran con estos grupos criminales.
Por lo que los grupos del crimen organizado también se beneficia de las políticas antimigratorias y de un protocolo de protección real para los migrantes, que ha dejado un vacío que las bandas criminales han llenado, asegurando el control de los flujos migratorios. Este fenómeno no es aislado, responde a las dinámicas de desigualdad internacional que permiten que los intereses del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes florezcan sin mayores obstáculos.
Asimismo, la criminalización del fenómeno migratorio, impulsada por las políticas migratorias xenófobas de control de fronteras de EE. UU. y México, contribuye a que los migrantes sean vistos como “delincuentes” simplemente por intentar atravesar una frontera en busca de mejores condiciones de vida. Esta visión se intensifica cuando, en el imaginario colectivo, los migrantes son asociados con actividades ilegales, como está diciendo Donald Trump y con la estigmatización mediática que va desde publicaciones en las redes sociales, películas que tratan de manera insensible el tema, entre otros. Este estigma permite que las y los trabajadores migrantes sean tratados con hostilidad y violencia por parte de la sociedad que fungen como una especie de fuerzas del orden, mostrándose indiferentes ante la explotación que sufren como clase trabajadora internacional empobrecida y alimentando además la división y el enfrentamiento con sus hermanos obreros y obreras en EE. UU.
El retorno de Donald Trump y la retórica antiinmigrante
Desde que Trump asumió la presidencia de EE. UU. en 2017, las políticas migratorias se han vuelto cada vez más restrictivas. Durante su primer mandato, se implementaron medidas severas y hasta crueles que dificultaron el acceso a derechos para migrantes que buscaban disuadir y criminalizar la migración desde AL. Tal es el caso de la política de “tolerancia cero”, que implicaba la separación de las familias migrantes y la detención de miles de personas en condiciones inhumanas. Según la página de Humanium se reportó, en febrero de 2019, haber detenido bajo esta política xenófoba a 4300 menores no acompañados entre 2017 y 2018 luego de cruzar la frontera de México con EE. UU. [8]
Durante el gobierno de Biden hubo casi 60 000 deportaciones en los primeros dos años de su mandato, mientras que, en 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “efectuó 225,483 deportaciones y retornos, un aumento sobre la cifra de 170,896 durante el mismo periodo del año anterior” [9]; pero hubo muchas más en la pandemia bajo el Título 42 para expulsar rápidamente a migrantes por razones sanitarias. Ya en los años previos se había visto el accionar de otro demócrata, Barack Obama, bautizado como el gran deportador por las organizaciones promigrantes de Estados Unidos.
Ahora, en pleno 2025, el regreso de Donald Trump a la escena política ha reavivado una retórica antiinmigrante que, en gran medida, ha moldeado las políticas migratorias tanto de Estados Unidos como de México. Trump ha afirmado repetidamente que la “frontera abierta” de la administración Biden ha permitido la entrada de supuestos “terroristas” y personas peligrosas, ignorando a propósito las causas estructurales que obligan a millones de personas a migrar. De hecho, la administración Biden, aunque más moderada en su discurso, como se mencionó antes, ha continuado implementando políticas severas contra las y los migrantes para dividir a la clase trabajadora entre nativos y migrantes, obstaculizando la unidad obrera.
La retórica xenófoba y racista del ultraderechista Trump ha servido para crear una división entre los trabajadores nativos y los migrantes, presentando a estos últimos como competidores que “roban” los trabajos de los estadounidenses; sin embargo, como señalan diversos analistas, esta narrativa es un intento de desviar la atención de la verdadera causa de la crisis laboral, que fue la globalización en la era neoliberal con la relocalización de empresas para abaratar los costos laborales y fiscales para el gran capital.
Enfrentemos las políticas xenófobas y racistas de Trump
Es urgente luchar contra la militarización de nuestras fronteras, donde se encierra la esperanza y se persigue la dignidad de quienes buscan una vida mejor. Debemos exigir plenos derechos para los migrantes: a la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, el trabajo digno, la igualdad en derechos hasta vivir sin miedo, hasta que el acceso a una vida digna, al sustento y al futuro sea una realidad, sin muros ni pasaportes ni fronteras que nos dividan.
Exijamos la desaparición de las agencias que los mantienen en condiciones infrahumanas y los aterrorizan y vejan, como el ICE en EE. UU. y el Instituto Nacional de Migración (INM) en México, atentando contra sus derechos básicos.
La solidaridad de nuestra clase será nuestro puente, el lazo que una al sur del norte, en una lucha común por los derechos de todos. Desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el STUNAM y todas las voces de las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y defensores por los derechos humanos, alcemos nuestras voces contra la criminalización y las deportaciones. Exijamos que los militares regresen a sus cuarteles y que los recursos destinados a estos sean destinados a garantizar todos los derechos antes mencionados.
Por fronteras abiertas hasta que el paso sea libre, seguro sin miedo, sin represión, porque todas las personas tenemos derecho a vivir bien y en paz. Porque un mundo donde la riqueza no sirva para llenar los bolsillos de unos pocos puede hacerse realidad con nuestra organización independiente, anticapitalista y antiimperialista, que exija jornadas de trabajo reducidas, para tener tiempo para el descanso, el estudio, para el cuidado personal y social. Todo esto es posible para que el sur se libere al fin de la expoliación, que el norte deje de robar nuestras tierras, si traccionamos el conjunto de la clase trabajadora junto al campesinado pobre, unidxs y fuertes, construyendo un futuro socialista donde cada ser humano pueda elegir su destino sin ser oprimido por las fronteras del capitalismo en un mundo donde la vida florezca.
¡Paso libre y sin fronteras! ¡Unidad de lxs trabajadores a ambos lados de las fronteras, porque ningún ser humano es ilegal!
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NOTAS AL PIE
[3] El índice de Gini es un medidor de desigualdad donde 0 es el valor que indica la igualdad perfecta, es decir que toda la población tiene el mismo ingreso, y el 1 indica desigualdad total.
[6] AMPB (2020). Informe Los Desplazamientos Forzados en América Central: El Impacto de la Minería y el Despojo de Tierras
[8] Cheatham, A. (2021). U.S. Detention of Child Migrants.
Diana Palacios
Profesora egresada de la Normal Superior, colaboradora en IdZMx
