Hace una semana ingresó a Comodoro Py una denuncia de ANSES contra Cristina Kirchner por el presunto delito de defraudación contra la administración pública debido al suplemento adicional de 6 millones de pesos mensuales que la ex vice cobraba por haber radicado su domicilio en Río Gallegos. El fiscal federal Franco Picardi pidió al Gobierno la documentación que se menciona en la denuncia y la normativa citada, para después determinar si imputa o no, a Cristina.
La primera medida adoptada por el gobierno de Javier Milei tras la confirmación de la Sala IV de la Cámara de Casación respecto a la condena por corrupción contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad fue quitarle la jubilación de privilegio y la que recibía como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Según los números oficiales, la cifra percibida por mes en concepto de las dos jubilaciones de privilegio ascendía a 21.827.624 pesos. Desde diciembre, como resultado de la decisión de la Casa Rosada, Cristina dejó de contar con ese dinero.
La denuncia radicada en los tribunales federales por parte del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, acusa a la ex presidenta por «presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica» al haber cobrado la Bonificación por Zona Austral en sus dos beneficios previsionales cuando es «de público conocimiento su residencia en CABA».
El presunto delito de falsedad ideológica responde, según la denuncia, a la decisión de haber declarado un domicilio en zona austral que no correspondía con su residencia permanente. «Ello, a fin de poder cobrar un suplemento dinerario a sus asignaciones de privilegio. Esto habría generado un perjuicio fiscal a la ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa».
El expediente se encuentra en el juzgado federal 11, ahora subrogado por el juez Sebastián Casanello, y se le pidió al fiscal Franco Picardi que resuelva si hay elementos suficientes para imputar a Cristina Kirchner.
Previo a tomar una decisión, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió una serie de documentos a Capital Humano que no se adjuntaron a la denuncia inicial.
“El caso se circunscribirá a determinar si existieron irregularidades por parte de Cristina Fernández de Kirchner para percibir adicionales por zona austral en los beneficios Nro. 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley 24.018 por viudez del ex presidente Néstor Carlos Kirchner) y Nro. 40-5-8085268- 0 (asignación mensual vitalicia Ley 24.018 por su carácter de ex presidenta)”, sostiene el dictamen al que accedió Clarín.
En el detalle de la denuncia, el ministerio que dirige Pettovello sostuvo que «la bonificación por zona austral, conforme la exposición de motivos de la Ley Nº 19.485, tiene por objeto ‘coadyuvar al programa de afincamiento y crecimiento demográfico de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales derivadas del mayor costo de vida'».
A la hora de fundamentar este punto, se remarcó que la Ley N° 19.485, sus ampliatorias y modificatorias (Leyes N° 23.272 y N° 25.955), son las que detallan cuáles son las provincias y zonas en las cuales deben estar radicados quienes perciban beneficios con aplicación del coeficiente de bonificación por Zona Austral -provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires-«.
El fiscal federal Franco Picardi sostuvo que previo a resolver si hay elementos suficientes para imputar a la ex presidenta, requería de una serie de informes y documentos citados en la denuncia.
“Dado que el denunciante hace referencia a la presentación de documentación indispensable para analizar el caso sin que haya sido acompañada, requiérase a la Administración Nacional de la Seguridad Social la remisión de copia de los expedientes y del Dictamen Técnico Legal”, planteó la fiscalía.
Asimismo, se solicitó a dicho organismo que remita copia de toda la normativa, reglamentaciones y resoluciones regulatorias del pago de adicionales o bonificaciones por zona austral.
Respecto a este último punto, la ANSES había destacado que «la citada Bonificación de Zona Austral no se trata de una prestación de naturaleza previsional, dado que el derecho a su cobro está generado por la residencia efectiva en el área de promoción».
La normativa sostiene que la Bonificación por Zona Austral tiene “causa y fundamento en una política estatal cuyo fundamento es promover el desarrollo de una determinada región mediante su poblamiento».
La denuncia penal se inició después de rechazar los planteos formulados por Cristina Kirchner y Amado Boudou con los que pretendían recuperar las asignaciones mensuales vitalicias que les quitaron a ambos el año pasado.
