Luego de la decisión de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, sobre las acciones de la petrolera estatal, el fiscal Ramiro Gonzalez evalúa profundizar y reiterar una serie de medidas de pruebas en la causa por irregularidades en la reestatización de YPF que impulsó la ex presidenta Cristina Kirchner en el 2012.
El juez Ariel Lijo, quien tiene un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por “planchar” la causa durante más de 13 años, no delegó la investigación en el fiscal Gonzalez sino que solicitó una serie de amplios peritajes y envió exhortos a España y Estados Unidos y está a la “espera” de esas respuesta para tomar medidas de fondo.
También, el magistrado aguarda informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (DAJUDECO) para decidir si archiva la causa o llama a indagatoria a los imputados.
Los diputados de la Coalición Cívica de Elisa Carrió -la primera denunciante en la causa en 2006- Paula Oliveto, Juan López y Maxi Ferraro estaban ayer estudiando qué medidas impulsar para reactivar la causa y por lo menos no hubiera impunidad para los actores locales de la maniobra.
Las medidas que soliciten los diputados y el fiscal Gonzalez son clave porque la Oficina Anticorrupción (OA) que era querellante durante la gestión de Laura Alonso en el gobierno de Mauricio Macri, durante la administración de Alberto Fernández, se retiró de la causa.
Mientras el dirigente de Contadores Forenses, Andrés Popritkin, -la única entidad que tiene el rol de querellante en la causa- también decide que hacer frente al retraso de la causa.
Popritkin -hijo del fundador de la ONG Alfredo, ya fallecido- dijo a Clarín que la última medida importante en la causa es el envió de parte del juez Lijo de un exhorto de 2023 a la jueza Preska para que le mande una copia de su fallo en que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares.
En ese exhorto, Lijo que los delitos que investigan son el artículo 268 del Código Penal que penaliza el uso en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo; 172, estafas y defraudación al Estado; y 248, Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.
Juez federal Ariel Lijo tiene la causa YPF desde el 2012. FOTO Rolando Andrade StracuzziEn 10 requerimientos de instrucción que presentó el fiscal Gonzalez a Lijo se imputó al ex viceministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof, al ex secretario de Planificación Federal y mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta y del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. En la causa también están bajo investigación Sebastián y Matías Eskenazi. Enrique falleció a principios de año y se extinguió la acción penal en su contra, explicó una fuente judicial.
El fiscal también imputó a los ex directores, Miguel Galuccio, José Iván Brizuela, Luis García Del Rio (ciudadano español) Jorge Marcelo Soloaga, Sebastián Uchitel, Nicolás Marcelo Arceo, Carlos María Tombeur, Gustavo Adolfo Mazzoni, María de las Mercedes Archimbal y Enrique Alfredo Fila, quienes se habrían desempeñado como directores y/o síndicos de YPF durante los ejercicios de los años 2012 a 2015. Galuccio asumió la presidencia de YPF después de las maniobras que se investigan.
Cómo empezó la causa
En 2006, Carrió y Paula Oliveto Lago, entre otros, denuncian en principio descapitalización y vaciamiento de YPF por la venta, impulsa por el ex presidente Néstor Kirchner, del 25 por ciento de las acciones al grupo Petersen.
Pero en 2012, las denunciantes ampliaron la causa al delito de defraudación al estado, tras la polémica ley de “soberanía hidrocarburífera” que Cristina hizo que apoyara el Congreso, en medio de un discurso de supuesta épica. Incluso, Carrió pidió la indagatoria de Kicillof y de la ex presidenta.
Además, hay una causa conexa contra los entonces miembros del Tribunal de Tasaciones de la Nación porque no constaba que a la hora del acuerdo de Kicillof con YPF-REPSOL “se haya valuado el pasivo de la empresa, ni las deudas contingentes”.
Se trata de una denuncia penal contra «Daniel Eduardo Martín, Presidente de la sala Ad Hoc YPF del Tribunal de Tasaciones de la Nación, creada por la resolución TTN 9/13— y Galdino Alberto Cattaneo».
En declaraciones a Clarín, la diputada Paula Oliveto explicó que “el retraso del juez Lijo permitió este nuevo fallo de la jueza Preska porque podría haber demostrado que hubo un acto de corrupción en este largo proceso y así aplicar la llamada Teoría del Árbol Envenenado. Si el tronco está podrido (el ingreso del grupo Petersen), las ramas también”.
El ex Procurador General del Tesoro, Bernando Saravia Frías, contó a este diario que en ese sentido los abogados de la Argentina durante la gestión de Macri había pedido a la jueza Preska “un Discovery”, una búsqueda de pruebas para ver el origen de la compra de los Eskenazi y de la adquisición de los derechos de litigar del grupo Burford en España.
En el proceso de “Discovery” pulsearon la Argentina y Burford. El gobierno de Macri “quería el testimonio de los Eskenazi. Burford decía que Argentina podía tener toda la documentación de los Eskenazi en sus manos, y que estaba inventando excusas”.
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Los Eskenazi, que siempre negaron cualquier imputación, fueron citados a declarar por la justicia estadounidense. A través de cartas intercambiadas con la justicia argentina, dieron un testimonio, pero en Argentina.
Ante la jueza Preska, las partes no acordaron sobre el alcance de esas declaraciones hechas por cuatro miembros de la familia empresaria.
Pero Saravia Frías dijo que durante el gobierno de Alberto Fernández “cerraron al Discovery, en acuerdo con Burford. Lo hicieron restringido a aspectos banales para cerrarlo rápido” y no se pudo buscar pruebas que hubieran servido, además, para la causa de Lijo.
Al salir a aclarar “las falsedades del gobernador Kicillof”, Oliveto explicó que “una cosa es la expropiación YPF, que no fue bien instrumentada; y otra es el acuerdo para el pago a Repsol, que también fue mal hecho y para mí, de manera dolosa”.
La diputada Paula Oliveto (centro) buscar impulsar la causa YPF.El acuerdo consistió en que el Estado pagaría a Repsol, Antonio Brufau, con la emisión de bonos por 6.000 millones de dólares y otros 5.000 millones en concepto de intereses hasta 2033 a cambio de que no inicie juicios contra el Estado. En cambio, al grupo Petersen llamativamente Cristina ordenó que no se le pague nada por el 25 por ciento de las acciones, según fuentes judiciales.
“Ni estúpidos ni error: lo de YPF fue corrupción. Y los que se afanaron el patrimonio de la Argentina hoy están siendo protegidos por el juez Lijo y hasta por algunos medios, que no informan la causa dormida en la Justicia Federal”, agregó Oliveto.
En 2012, tomó la causa el fiscal Ramiro Gonzalez y ya presentó diez requerimientos de instrucción al juez Lijo, como ya se dijo.
Y en paralelo, el fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia para que se investigue el rol de Baratta -como representante del Gobierno en YPF- con un detallado informe de la maniobra.
Tres años después, el administrador concursal de la quiebra de dos empresas del grupo Petersen en España en la que reclama que el gobierno de Cristina Kirchner indemnice, también, a esas compañías además de a Repsol.
En una nota apostillada y enviada por Armando Betancor Alamo a la entonces presidenta Cristina Kirchner expuso el daño económico que le provocaba a Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU que no le paguen por el 25 por ciento de las acciones que habían obtenido durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La nota del administrador español dice que si “Argentina no soluciona rápidamente la controversia mediante un acuerdo, los inversores comenzarán un procedimiento de arbitraje” que terminó con la compra de las acciones de esas empresas radicadas en España por parte del fondo buitre Burford.
Pero el Gobierno de Cristina Kirchner también desaprovechó esa oportunidad que habría impedido el juicio de los fondos buitre y según la oposición no fue por negligencia sino por corrupción.
