Hoy se acaba la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que este año ha pasado desapercibida a pesar de que celebra su 25 aniversario. Quedan para el recuerdo ediciones anteriores durante las que se cortaban calles para desarrollar numerosas actividades esa semana. Imagino que este perfil bajo del acontecimiento ha sido voluntario porque, especialmente en Barcelona y Catalunya, la movilidad sufre una profunda crisis tanto en el transporte público como el privado. Hoy estamos peor en movilidad que en los años de las grandes celebraciones de esta semana. Así que ahora no hay nada que festejar.
La situación es grave y empieza a afectar la salud mental de los sufridos ciudadanos, desde los usuarios de Rodalies, tal como denuncia la plataforma Dignitat a les vies, hasta los denostados ocupantes de los coches que emplean cada día más tiempo en realizar los obligados desplazamientos por trabajo. Un informe publicado la semana pasada por el sindicato UGT revela “la carga invisible” mental y económica de los trabajadores catalanes para ir y volver del trabajo. La conclusión es que cada vez destinan más horas y dinero para desplazarse (230 horas y 5.000 euros anuales).
El transporte público y privado en Barcelona y Catalunya se acercan al colapso a gran velocidad
La movilidad en Catalunya y en el área de Barcelona se acerca al colapso a gran velocidad por varias razones. La primera es que la población ha crecido y ya supera los ocho millones. Este aumento de la demanda de movilidad no se ha acompañado de un incremento de la oferta de transporte público. Al contrario, ha empeorado por la falta de inversiones y por la escasa planificación. Es verdad que ahora se está trabajando, pero la mayoría de obras que vemos solo nos pondrán al día del retraso acumulado, pero no servirán para aumentar la oferta necesaria que cubra la demanda a corto y medio plazo.
Mientras tanto, se están colocando parches como el incremento del servicio de autobuses, pero gobernantes y técnicos saben que esta no es la solución estructural. Un autobús transporta a 60 personas y un tren puede llevar a 1.000 pasajeros. No hay buses suficientes para responder a la necesidad de movilidad. Por su parte, en el interior de Barcelona, el transporte público bate récords de usuarios y se acerca peligrosamente a su límite, a la vez que las calles se han estrechado porque la prioridad política sigue centrada en el 3% de la circulación, la que va en bici o patinete, y relega al resto que representa a la inmensa mayoría de ciudadanos.
El habitual aspecto de los andenes repletos de usuarios en Plaça de Catalunya
LV
La crisis de la vivienda es otra de las razones que colapsan el transporte. Los precios elevados de los pisos en Barcelona y la primera corona metropolitana, tanto de alquiler como de compra, sumados a la inacción en la construcción de vivienda pública en los últimos quince años, han provocado un éxodo masivo de ciudadanos hacia la segunda corona a 50 km a la redonda. Estas familias exiliadas a la fuerza se han incorporado a la demanda de la movilidad obligada tanto pública como privada.
En el ámbito viario la situación es extrema. Catalunya ha perdido capacidad viaria desde que se levantaron los peajes porque las carreteras gratuitas han pasado a ser paseos casi intransitables y ahora los vehículos tienen menos opciones de vías rápidas. Véase como ejemplo lo que pasa en la AP-7, la principal vía internacional que pasa por Catalunya, que vive en el colapso permanente. Por el contrario, cualquier proyecto de ampliación o solución viaria como la B-40 recibe el rechazo de una parte minoritaria de la política catalana, pero con mucha influencia en los gobiernos de aquí y de Madrid.
Nos guste o no, la movilidad viaria privada es claramente mayoritaria en Catalunya y Barcelona ciudad y cada vez es más energéticamente limpia. Si mañana estos centenares de miles de ciudadanos dejaran el coche y subieran al tren o al bus, la red de transporte colapsaría.
En este contexto, ha tenido un impacto muy negativo en la movilidad la decisión de Barcelona de no esperar al aumento de la oferta de transporte público, olvidando que no es una ciudad aislada sino que es la capital de un territorio mucho más amplio del que se beneficia social y económicamente. Ajena a esta problemática de la región metropolitana que preside, Barcelona ejerce desde hace diez años una individualista política de encastillamiento que complica la movilidad a sus exciudadanos exiliados y a los que contribuyen con su trabajo a la prosperidad de la ciudad. Solo hay que ver los mapas de tráfico cada mañana y cada tarde para observar que el rojo es el color del habitual caos viario. Y cada día esa mancha rojiza llega más lejos y afecta a más personas.
A todo esto hay que añadir la eclosión del comercio electrónico y su reparto en furgonetas que ya supone casi el 40% del tráfico de la capital. Estos vehículos se han convertido en los reyes de la doble fila ante la permisividad de la Guàrdia Urbana. Fuera de las murallas de Barcelona, la prometida solución ferroviaria del corredor mediterráneo para reducir la circulación de camiones sigue siendo un sueño de hace 30 años. Este es el enésimo fracaso de la gestión de la movilidad a pesar de los múltiples planes anunciados para resolver el problema.
Catalunya necesita un plan de infraestructuras realista que complique menos la vida a los ciudadanos que ven sistemáticamente vulnerado su derecho a la movilidad. La situación es crítica y por eso, no había nada que celebrar en esta semana europea de la movilidad que concluye hoy y que tenía un revelador lema: “Movilidad para todas las personas”. Un objetivo que hoy está más alejado que nunca.
