Los alegatos en el juicio por la muerte de diez residentes del geriátrico Apart Los Incas de Belgrano, tras un brote masivo de Covid en abril de 2020, continuaron este martes. Esta vez fue el turno de las defensas de Carla Raffo, directora médica del establecimiento, y de dos de los dueños del geriátrico Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, que son pareja.
Los abogados de los tres pidieron la absolución de sus clientes. La defensa de Visca y Gonzalo, según expresó el abogado querellante Ignacio Trimarco, argumentó implícitamente una situación de fuerza mayor por tratarse de una pandemia global. “No lo dijeron de forma directa, pero basaron su estrategia en que esto fue una pandemia mundial, de que no tuvieron la posibilidad de prever esta situación”, explicó Trimarco.
Desde la querella, sin embargo, entienden que esa justificación no será acogida por el tribunal. “Si ellos hubieran cumplido con los reglamentos, con los deberes a su cargo, si hubieran actuado de forma diligente y prudente, al momento de que ingrese el virus se hubieran activado los protocolos, hubieran llamado al 107, el resultado no hubiera sido la tragedia que lamentablemente estamos juzgando hoy en día”, agregó el letrado.
El juicio, que comenzó el 19 de mayo, ya transita sus instancias finales. El jueves seguirá con el alegato de la defensa de Paula Trunzo, ex funcionaria del Gobierno de la Ciudad acusada de incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Ese día también se presentarán réplicas y dúplicas. Recién entonces el tribunal definirá cuándo continuará el juicio para su finalización. Por el momento, no hay audiencia fijada para el próximo martes.
Qué dijeron la Fiscalía y la querella
En la jornada del lunes, alegaron tanto la fiscalía como las cuatro querellas. La fiscalía solicitó la condena para cuatro de los imputados (con penas diferenciadas para cada uno) y la absolución de Trunzo. El pedido fue acompañado por las querellas. Para Luis Daniel Megyes, uno de los dueños, se pidió al Tribunal entre tres y ocho de prisión, tres y seis para Visca y Raffo, y tres para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue, otra de las dueñas. En todos los casos también se solicitó las inhabilitaciones.
Según explicó Trimarco, “la fiscalía pidió el desistimiento de la acusación para Trunzo, nosotros adherimos, como también lo hicieron otras querellas, porque la legislación que existía en ese momento no la habilitaba a tomar acción más allá de la que hizo”.
El abogado también destacó que este juicio puede marcar un antes y un después: “Creo que es un caso bisagra. A partir de este hecho se modificaron las leyes y protocolos de inspecciones en los geriátricos, que antes eran muy laxas, y se endurecieron los controles y las penas para quienes no cumplan”.
El caso
El juicio se inició cinco años después de la evacuación del geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola, tras denuncias de familiares y un brote de coronavirus que provocó diez muertes.
Los imputados son los dueños Megyes y Visca, considerados responsables de la administración del lugar; Raffo, directora médica; Trunzo, ex funcionaria porteña a cargo de fiscalizar estas instituciones; Gonzalo presidenta (y pareja de Visca) y Allegue vicepresidenta, (pareja de Megyes).
Las parejas propietarias y la directora médica están imputados por por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
Trunzo, que debía fiscalizar geriátricos como funcionaria del Gobierno de la Ciudad, está acusada de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Un juicio que busca justicia y reparación
Sergio Federovisky, cuyo testimonio fue clave en el proceso, presenció cada audiencia con la imagen de su madre Delia Ivanac presente. Fue él quien denunció la situación de abandono total del geriátrico aquel fin de semana de abril de 2020, cuando no hubo médicos, ni directivos, ni personal calificado. Solo un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero quedaron a cargo de más de una docena de residentes.
La escena terminó en tragedia. “Mi madre el viernes por la noche sufrió un accidente como resultado de que el electricista quiso moverla. Ella no caminaba, se le cayó y le provocó una fractura de pelvis”, relató a Clarín.
A lo largo del debate, también se presentó documentación que daba cuenta de irregularidades que precedían a la pandemia: historias clínicas sin actualizar, residentes sin control médico y empleados presionados a trabajar aun con síntomas compatibles con Covid.
El juicio se acerca a su fin, pero para los familiares de las víctimas, el deseo es claro: justicia y condena para los responsables.
MG
