El Gobierno presentará el 9 de diciembre el proyecto de reforma laboral, que quiere empezar a discutir desde el primer tramo de las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo enviaría ese día el proyecto al Congreso, que quiere aprobar junto con el Presupuesto, la reforma tributaria, el Código Penal, la ley de glaciares, perdón fiscal y responsabilidad financiera, que se incluirán en el temario de extraordinarias. El capítulo laboral se trataría en tramos, en un formato con distintas normas.
Si cumple con el nuevo cronograma, el Gobierno habrá acelerado los tiempos que se había trazado. Tenía previsto presentar un anteproyecto el 15 de diciembre y presentarlo en el 18 de enero, con correcciones que pudieran surgir, en el segundo capítulos de las sesiones extraordinarias.
La CGT tomó distancia de la incitativa oficial, enseguida. «Nadie vota a un gobierno para perder derechos«, sostuvo el jefe de la UOCRA Gerardo Martínez al llegar a la Casa Rosada para participar de la penúltima reunión del Consejo de Mayo, el órgano consultivo que busca darle forma al proyecto.
El referente de la CGT, el sindicalista preferido de la Casa Rosada, tomó distancia de la iniciativa que el Gobierno quiere discutir, en tramos y en extraordinarias, antes de participar de la mesa de negociaciones con funcionarios del Gobierno. Una vez concluida la reunión, desde la central obrera dejaron saber que la presentación -cuyo formato no se conoce- será una iniciativa unilateral del Gobierno y no cuenta con el aval de los gremios.
«Hablaremos con los gobernadores y con los diputados, de brazos cruzados no nos vamos a quedar«, consignó el jefe de la UOCRA, que tras el encuentro se reunió a solas con Santiago Caputo durante más de una hora.
Martínez llegó acompañado por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Martín Rappallini para el último encuentro, que comenzó antes del mediodía y se extendió durante casi dos horas.
Durante el encuentro, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger transmitió una idea cerrada del objetivo, pero no fue bien recibida. «Presentaron la propuesta pero no hubo acuerdo«, dijo uno de los presentes.
Cristian Ritondo, que participa del Consejo en representación de la Cámara Baja, le quitó dramatismo a las diferencias. «La UIA tiene un proyecto y la CGT tiene otro y nosotros tenemos que trabajar en el medio«, resumió el jefe del bloque PRO.
Ni los gobernadores ni los empresarios conocen más que los títulos del proyecto de modernización laboral, como el Gobierno denomina la reforma.
Según pudo saber Clarín, los capítulos de la reforma son ultractividad; relaciones de convenio; cargas fiscales; aportes a sindicatos y cámaras; financiamientos; derechos colectivos; individuales; trabajadores autónomos; democracia sindical y derogaciones varias.
Puertas adentro del Gobierno todavía no hay claridad sobre el nivel de confrontación y conflictividad que el oficialismo quiere tener con los gremios. El ministro de Desregulación quiere avanzar sobre los aportes sindicales. En la mesa política del Ejecutivo no están tan seguros.
A la misma hora, en Parque Norte el secretario general del sindicato de empleados de Comercio Armando Cavalieri también se acordó del «Coloso«, como Milei llama a su ministro. «Hay una reforma laboral en puerta. No está definida. El gobierno chichonea, que nos van a sacar, que no vamos a tener retroactividad de convenio. La obra social la vamos a defender, aunque sea una cama en un hospital. Ellos prefieren la informalidad. Por eso el pelado este, Stuzengger, habla de los aportes, el aporte, sindical y social. Tenemos que dar una batalla ideológica«, advirtió el gremialista.
En el Consejo hay quienes creen que el proyecto en su variante más dura es imposible que consiga una mayoría en el Congreso. «Creo que el Gobierno va a terminar entregando a Sturzenegger y negociando con los gremios«, pronostica uno de los integrantes del órgano consultivo.
En la reunión de Gabinete previa, hubo ministros que plantearon que no conocían en detalle el alcance de la iniciativa del Ejecutivo, que se filtra de a tramos -por fuera del Consejo de Mayo- en reuniones entre funcionarios, empresarios y gremios. «A todos nos molestó que se filtren cosas, porque se dice que hay un consenso y es falso«, sostuvo la senadora Carolina Losada, tras participar del encuentro.
Diferentes sectores empresarios también marcan sus diferencias con el proyecto. Los bancos, por ejemplo, protestan por supuestas exenciones a plataformas como Mercado Pago. El Gobierno se desentiende porque aún falta que se oficialice una versión definitiva. El mendocino Cornejo también comunicará propuestas desoídas por el Ejecutivo en los próximos días.
«No hay nada de nada: hay diez versiones: depende del sector del Gobierno con el que hables”, se lamentaba ante este diario y sin perder el humor uno de los caciques de la CGT que mejor diálogo tiene con la Casa Rosada.
“A la reforma le falta rosca y diálogo”, coincidían cerca de mandatarios provinciales de diversas extracciones políticas, que se manifestaron dispuestos a acompañar una nueva ley laboral.
Si algunos gremialistas temen que la reforma se transforme en una flexibilización que no alcance para generar más empleo -como exteriorizó Martínez- y se lo facturen sus bases, entre algunso empresarios se expande la idea de que los cambios serán más cosméticos que profundos, con el solo objetivo de ofrendar a los Estados Unidos una demostración de que el Gobierno puede plasmar los consensos que Scott Bessent le solicitó a Luis Caputo.
En el encuentro en el Salón de los Escudos, en la planta baja de la Casa Rosada, estuvieron por representación del Gobierno el jefe de Gabinete Manuel Adorni y Surzenegger; Losada y Ritondo, por el Congreso; y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, por los ejecutivos provinciales; además de Rappallini y Martínez.
En su encuentro en Mendoza, Cornejo -que mantiene una interna silenciosa con el saliente ministro de Defensa Luis Petri– le recordó a Santilli que lo vería en esta reunión. Aunque es una de las espadas del Gobierno, el ministro del Interior no participó del encuentro, porque no forma parte del Consejo. De todos modos, se reunió con Cornejo y juntos visitaron a la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy.
El ministro, que este viernes concluirá parcialmente con el jujeño Carlos Sadir la ronda de reuniones con gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, había destrabado una contragarantía que reclamaba Mendoza a la Nación para conseguir un crédito internacional de US$75 millones para obras en San Rafael. El mandatario provincial reclama por deudas por pagos que adelantó y correspondían al Tesoro.
