El Gobierno busca reglamentar la reforma laboral antes que termine abril con un objetivo claro: blindarla frente a eventuales reveses judiciales. La decisión se da luego del fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N. º 63 del pasado 13 de marzo, que encendió alertas en la Casa Rosada.
La estrategia será coordinada entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica. El objetivo es canalizar las presentaciones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo y, en última instancia, llevar la definición a la Corte Suprema de Justicia.
En el oficialismo confían en los antecedentes recientes del máximo tribunal, que ya emitió fallos favorables al Gobierno, como el rechazo a las demandas contra el DNU 70/2023 (Ley Bases) y la resolución sobre los plazos legislativos del Congreso. También mencionan el fallo que ratificó la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, interpretado por algunos sectores como una señal de sintonía con el Ejecutivo.
Según fuentes oficiales, la reglamentación no implicará cambios de fondo. La reforma se encuentra parcialmente frenada por un fallo de la Justicia Laboral que hizo lugar a un amparo de la CGT y suspendió 82 artículos.
Lejos de retroceder, el Gobierno avanza con un esquema administrativo que involucra a la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, el área de Desregulación y Transformación del Estado, ARCA y el Ministerio de Trabajo.
Entre los ejes centrales que se buscan consolidar figuran el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), nuevos esquemas de pago para prestaciones sin relación de dependencia, mecanismos de registración laboral y beneficios de seguridad social para contratos temporarios.
El decreto reglamentario apunta a cerrar dos frentes clave: cómo se aplicará la ley a relaciones laborales preexistentes y cómo se tramitarán los nuevos procedimientos, con la intención de que la última palabra quede en manos de la Corte Suprema.
En paralelo, la CGT se prepara para resistir tanto en la Justicia como en la calle. El equipo legal de la central obrera —integrado por Pablo Topet, Hugo Antonio Moyano, Marta Pujadas y Federico West Ocampo— ya analiza la estrategia para frenar el avance oficial.
El contexto económico no acompaña. La actividad industrial continúa en retroceso: según la Unión Industrial Argentina, cayó 3 % en febrero y se mantiene estancada, con niveles por debajo de los registrados en 2022 y 2023.
En el frente laboral, el panorama también es adverso. Datos del INDEC muestran que la desocupación volvió a crecer y cerró 2025 en 7,5 %, con subas tanto en la comparación interanual como en la evolución reciente.
