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martes, julio 8, 2025

El Gobierno acusó el impacto por el escándalo de las valijas que ingresaron al país en un avión de Scatturice y no fueron controladas

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«Alguien le hizo un favor a esta chica (por Laura Arrieta) pero después no veo nada irregular: gente que vuelve de Miami con valijas», fue la curiosa explicación de una fuente de uno de los despachos más importantes de la Casa Rosada acerca de la investigación de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) que constató presuntas irregularidades en el ingreso y en lo transportado por la dirigente de la CPAC en su arribo al país.

Sí hubo un estruendoso silencio del vocero Manuel Adorni, que en su momento había desmentido cualquier irregularidad en el hecho, y que en la tarde del lunes apareció públicamente para anunciar la disolución de Vialidad y otros organismos.

En marzo pasado en su desmentida pública, Adorni incluso había deslizado que el primer periodista que denunció la presunta irregularidad en el control de Aduana, Carlos Pagni, era un «imbécil» o un malintencionado, Este lunes, con todo, hizo mutis por el foro sobre este tema y trató de desviar la atención con los últimos estertores de la motosierra y la máquina desreguladora de Federico Sturzenegger antes de que caigan las facultades delegadas en el Ejecutivo.

El tema causó impacto en el Gobierno no sólo por la malograda defensa que había ejercido el vocero presidencial hacia Laura Belén Arrieta, una de las organizadoras de la CPAC (Cumbre de Acción Conservadora) en Argentina, sino también por los vínculos del jefe de la ex azafata, el empresario Leonardo Scatturice, propietario del avión, con el asesor Santiago Caputo.

Por un lado, el Gobierno intentó minimizar el hecho y llevar la agenda pública hacia otros temas. Pero también un sector del Ejecutivo buscó deslindar responsabilidades en la Aduana e incluso apuntar que la agente que le dio el «ok» a Arrieta para que pasara los controles sin ser auditada, según las capturas que expuso en su dictamen la PIA, había sido «removida hace rato».

Pero en el organismo de control liderado por José José Andrés Velis informaron que desde el primer momento se inició un sumario «interno» para constatar la actuación de los agentes en turno, que aún no finalizó, y que la Justicia ha sido informada sobre los pormenores de dicho proceso.

Scatturice, de estrechos contactos con Donald Trump, había comprado «membresía» en Argentina de la CPAC y desde ese lugar bendijo a Arrieta para que actuara como una de las organizadoras del evento que se realizó en diciembre pasado en Buenos Aires. Varios integrantes del grupo de streamers y funcionarios que orbitan alrededor de Caputo fueron parte de la CPAC de Washington en febrero pasado, como el Gordo Dan y el diputado provincial Agustín Romo, «invitados» por la organización.

Desde el sector comandado por el influyente asesor presidencial negaron cualquier vínculo con el ingreso de Arrieta en el mencionado jet Bombardier. En las últimas semanas trascendió cierto malestar entre el integrante del triángulo de hierro del Gobierno y el ala política de la administración libertaria.

La única defensa que se escuchó en Casa Rosada fue que el incidente denunciado por la fiscalía a cargo de Sergio Rodríguez pudo haberse producido por una suerte de trato VIP que tenía Arrieta con los empleados de Aduana y Migraciones. «Claramente la conocían y es un trato que hacían con la gente que iba y venía en aviones privados», conjeturó una fuente consultada. También se repitió el mantra de que el vuelo en cuestión provenía «de los Estados Unidos, con los controles más estrictos del mundo», pero la PIA advirtió que no quedó claro, en base a la documentación consultada, desde qué aeropuerto norteamericano provenía el mismo.

Desde la Secretaría de Comunicación y Vocería, en cambio, no respondieron las consultas de este diario. Una hora antes de su anunció en la Sala de Conferencias del segundo piso de la Casa Rosada, había estado junto a los asesores de Comunicación Digital que responden a Caputo ultimando detalles sobre las disposiciones que serán publicadas este martes en el Boletín Oficial, al filo del cierre de las facultades delegadas del Congreso en el Ejecutivo que había autorizado la Ley Bases.

Redacción

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