Ayer, el gobierno publicó en el boletín oficial un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias por hasta $400.000 millones. Se trata de fondos que corresponden a las propias jurisdicciones pero que serán girados de manera anticipara para cubrir necesidades financieras inmediatas y deberán ser integrados dentro de este año.
La medida se da en un contexto de deterioro de los ingresos provinciales; en el primer trimestre las transferencias automáticas registraron una caída real de 6,4%. En paralelo, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó que la coparticipación mostró un retroceso de 7% interanual en marzo, mientras los recursos propios también evidencian contracción.
El esquema de adelanto de coparticipación fija una tasa de 15% para esos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado, donde el financiamiento para provincias se ubica entre 30% y 45%. El objetivo del gobierno es tener margen de negociación con gobernadores aliados, al evitar que recurran a un endeudamiento más costoso para afrontar gastos corrientes. El nuevo régimen reemplaza el esquema tradicional de pedidos mensuales de adelantos extraordinarios. En esta modalidad, las provincias informaban previamente sus necesidades y el gobierno definía los montos en función de su participación en la masa coparticipable y su capacidad de repago.
Cabe mencionar que el monto específico para cada provincia no está definido en la norma, ya que será la Secretaría de Hacienda la encargada de asignarlo según la capacidad de repago de cada jurisdicción, en función de su participación en la recaudación de impuestos nacionales. En ese marco, el esquema de adelanto de coparticipación incluye a Catamarca, el Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
