Finalmente, el Gobierno nacional anunció la modificación del régimen migratorio. En la Apertura del 143° período de sesiones ordinarias, el Presidente Javier Milei había manifestado que, “para ser un país serio, se debía llevar a cabo una reforma migratoria”. Ahora, el vocero Manuel Adorni y un comunicado de la Oficina del Presidente (OPRA) lo confirmaron. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, remarcó el también candidato a legislador porteño.
Según el documento que se compartió en redes, la reforma se hará efectiva a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial en los próximos días. “Tenemos una política migratoria que invita al caos y el abuso de muchos vivos que lejos están de venir al país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”, cuestionó Adorni, y sumó: “Entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años, y las condiciones de deportación son demasiado flexibles”.
El nuevo régimen
El nuevo régimen establecerá la prohibición de ingreso al país para extranjeros con antecedentes penales, así como la deportación inmediata de aquellos que cometan delitos en territorio argentino, cualquiera sea la pena. Según el texto, también se tendrá en cuenta a quienes hayan recibido condenas menores a cinco años, que hasta ahora no eran causa de deportación o rechazo de ingreso.
Otro de los principales puntos dispone que “se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares”, además de que se impondrá la obligatoriedad “de contar con un seguro médico a la hora de ingresar a la Argentina”. “Durante 2024, la atención médica a personas extranjeras en hospitales nacionales implicó un gasto de 114.000 millones de pesos”, señalaron, y argumentaron que “el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema de salud público”.
En materia educativa, se autoriza a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los residentes temporarios. No obstante, aclararon que la educación primaria y secundaria mantienen el acceso gratuito para todos los residentes sin distinción de nacionalidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Por último, determinaron el endurecimiento de los requisitos para acceder a la Carta de Ciudadanía: “A partir de ahora, se otorgará únicamente en los casos de haber residido de manera continua en el país durante dos años, o de haber realizado una inversión relevante para Argentina”. Por su parte, “en el caso de la residencia permanente, se requerirá acreditar medios de vida suficientes y la ausencia de antecedentes penales”.
«Hacen abuso de nuestros servicios»
“La sociedad eligió al Presidente Javier Milei con el mandato de emprender la reconstrucción argentina. Garantizar que el dinero de los pagadores de impuestos se utilice en ellos y no en aquellos que hacen abuso de nuestros servicios sociales, aquellos que delinquen no ingresen o sean expulsados de nuestro país, y que obtener la residencia permanente o la Ciudadanía sea un trámite exigente constituye un paso fundamental en esa dirección”, sostiene el comunicado.
En esa línea, el portavoz precisó que, en los últimos 20 años, “ingresaron más de un millón de inmigrantes irregulares, el equivalente a la población del partido bonaerense de La Matanza o la provincia de Tucumán”, y enfatizó que “vienen a usar servicios públicos gratuitos que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiar”.