El Gobierno prepara la presentación de un recurso extraordinario federal para intentar revertir el fallo judicial que declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral sancionada por el Congreso a fines de febrero.
La estrategia jurídica busca que la discusión llegue a la Corte Suprema y se defina la validez constitucional de uno de los puntos más discutidos de la nueva normativa.
La decisión se tomó luego de que la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba, en una sentencia dictada en un proceso individual, invalidara el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral.
La resolución fue firmada el 10 de marzo por el juez Ricardo Gileta, que actuó como tribunal unipersonal dentro de la Cámara y consideró que la norma introduce un trato desigual entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus juicios laborales.
El artículo cuestionado establece un mecanismo específico para actualizar los créditos laborales en los juicios que ya estaban en trámite al momento de la entrada en vigencia de la reforma.
Ese esquema toma como referencia la tasa pasiva publicada por el Banco Central y fija un piso equivalente al 67% del cálculo previsto por el nuevo sistema de actualización basado en la inflación.
En su fallo, el magistrado sostuvo que esa diferenciación vulnera el principio de igualdad ante la ley porque establece condiciones distintas entre trabajadores que reclaman créditos de naturaleza similar.
Es por eso que dispuso dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso concreto y ordenó que la deuda laboral se actualice según el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Frente a ese escenario, en el Gobierno aseguran que la Procuración del Tesoro trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara que dictó la sentencia. Ese es el procedimiento habitual en este tipo de casos, ya que el tribunal debe decidir si concede el recurso para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema.
En el Ejecutivo anticipan que la estrategia jurídica no se limitará a este expediente puntual. En distintos despachos oficiales explican que los equipos técnicos están organizando una defensa coordinada de la reforma laboral ante las distintas presentaciones judiciales que puedan surgir en todo el país.
Dentro de esa estrategia, en la Casa Rosada consideran que los litigios de alcance colectivo serán los más relevantes para la aplicación general de la norma, aunque aseguran que la defensa de la ley se sostendrá en todos los frentes judiciales y en cada una de las instancias procesales que se habiliten.
En la mesa chica de Balcarce 50 dan por descontado que la reforma laboral atravesará una etapa de judicialización similar a la que enfrentaron otras leyes impulsadas durante la gestión. En ese contexto, la apuesta del oficialismo es que la Corte Suprema termine fijando un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. (Fuente: TN).
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