El Gobierno apura en Diputados el proyecto de reformas al Procedimiento Tributario y al Régimen Penal Tributario para blindar e incentivar el uso de los «dólares del colchón«. Sin embargo, la mirada también estará puesta en los gobernadores, no sólo por el apoyo en el Congreso sino por la necesidad de tener la adhesión clave de las provincias.
El proyecto de ley de Principio de Inocencia Fiscal, que es parte de la estrategia del Gobierno para que los ahorristas saquen los dólares del colchón, comenzaría a ser tratado en comisión la próxima semana, al menos esa es la intención del oficialismo, aunque aún no tiene fecha de tratamiento en la comisión para sacar despacho y poder tratarlo en el recinto.
Desde el oficialismo anticiparon a Clarín que la intención es «buscar rápidos consensos en comisión» aunque admitieron que será difícil acelerar los tiempos de la Cámara Baja.
Por lo pronto, el proyecto enviado este jueves por el Gobierno fue girado a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General, que son controladas por el oficialismo. La primera es presidida por José Luis Espert, quien participó en la presentación de la propuesta, mientras que Penal está a cargo de la bullrichista Laura Rodríguez Machado (PRO) y Legislación General la conduce el libertario Santiago Santurio.
Apoyos y reclamos de la oposición a la propuesta del Gobierno
La propuesta tuvo aceptable recepción entre los diputados de orientación económica. El mendocino Lisandro Nieri, quien responde al gobernador Alfredo Cornejo, destacó que la propuesta busca «simplificar, desburocratizar y terminar con informes y declaraciones juradas sin sentido que sólo molestan al que está dentro del sistema mientras que los que evaden siguen como siempre».
Sin embargo, el diputado radical aclaró que estas medidas no resuelven el problema de fondo de la Argentina que sigue siendo la presión fiscal. «Hay cuestiones que son lógicas de lo que propone el Gobierno porque hay cifras que quedaron retrasadas por el efecto inflacionario y terminan siendo irrisorias. Pero la altísima informalidad argentina es por la presión impositiva», remarcó a este diario el diputado.
La oposición dialoguista ve como urgente la necesidad de avanzar en una reforma del sistema impositivo para eliminar impuestos distorsivos, para lo cual es necesario también establecer un cronograma que esté sujeto a la baja del gasto público. Pero todo esto no está en el proyecto del Ejecutivo.
Tanto Luciano Laspina (PRO) como Martín Tetaz (UCR) también dieron cierto apoyo a la propuesta del Gobierno porque simplifica los trámites y actualiza valores del Régimen Penal Tributario que fueron considerados como «ridículos».
El rionegrino Agustin Domingo (Innovación Federal) justificó la medida impulsada desde la Casa Rosada al advertir que «hay controles excesivos desde el Estado y que tienen como efecto negativo que personas que acumularon ahorros en dólares realizando actividades lícitas no los usan por miedo al fisco».
En el bloque de Encuentro Federal, que preside Miguel Angel Pichetto, tienen agendada una reunión con especialistas tributarios, pero en principio alertaron que ya hay un proyecto igual en Diputados que tiene dictamen unificado, incluso con firmas del oficialismo, y que está para ser tratado en el recinto sin necesidad de arrancar de cero con el tratamiento en comisión.
La propuesta fue elaborada por Oscar Agost Carreño junto a Ricardo López Murphy y obtuvo despacho en noviembre del año pasado. Fuentes legislativas revelaron a este diario que lo iban a incluir en el temario de la última sesión, pero como había un acuerdo previo con el Gobierno quedó afuera.
«El proyecto podría haber sido aprobado hace 6 meses. Ahora meten uno nuevo igual, para hacer el mismo recorrido en comisión», protestaron desde la bancada que integran Nicolás Massot y Emilio Monzó.
La cuestión es que Martín Menem nunca lo incluyó en la agenda a pesar de que era un acuerdo con Encuentro Federal para que le den los votos para la aprobación de la Ley Antimafia. «No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene», avisó Agost Carreño a través de su cuenta en X.
El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.
No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.
Mientras el nuevo texto… pic.twitter.com/gd0AeMOcuT
— Oscar Agost Carreño (@oagost) June 6, 2025
Los gobernadores vuelven a ser clave en el Congreso
En la discusión por las reformas tributarias se vuelve a mezclar el poder de los gobernadores. En principio, el Gobierno anunció que cuenta con la adhesión de 14 provincias, de las cuales 8 provincias firmaron los convenios de intercambio de información como parte de la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. Se trata de las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis.
Sin embargo, la atención está puesta en cómo se moverán Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Caba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), que son algunos de los distritos que se niegan a sumarse. Está claro que estos gestos políticos son necesarios para garantizar el plan del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.
El proyecto invita a las provincias a adherir a la legislación y este es un punto que puede ser clave para la estrategia de la Casa Rosada porque en aquellos distritos que decidan no sumarse podría ser menor la cantidad de ahorristas que decidan hacer circular sus dólares en el sistema.
«Si una provincia no adhiere puede haber una determinación de ingresos públicos y le manda una boleta al contribuyente que sacó los dólares que tenía debajo del colchón reclamando el pago de los impuestos adeudados por esos ingresos», explicó una fuente en el Congreso.
Por eso advirtieron que si no tiene una amplia adhesión el nuevo régimen, pocos van a poner plata en el sistema, por el riesgo que genera ya que se trata de una formalización de activos.
