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El Gobierno anunció una actualización de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador que determina los montos abonados a los prestadores de servicios destinados a la atención de personas con discapacidad, en medio de fuertes reclamos de familiares que denunciaron una caída de los fondos destinados al sector.
La medida es recibida en Salta con cierto alivio por los transportistas de personas con discapacidad, entre otros prestadores, que reclaman periódicamente el aumento de las partidas.
La última marcha y protesta se había realizado el miércoles pasado en la Plaza 9 de Julio.
Una de las protesta realizadas por los transportistas de personas con discapacidad, frente a la Legislatura salteña. Foto: archivo
Tras la victoria electoral del oficialismo, se oficializó la medida a través de la Jefatura de Gabinete, que aclaró que se aplicará de manera escalonada entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de acompañar el aumento de los costos del sector y brindar mayor previsibilidad al sistema.
Según informó la ANDIS (Agencia de Discapacidad), el incremento abarcará diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, que sirve como referencia para instituciones públicas y privadas.
Garantizar las prestaciones
Desde el organismo señalaron que el aumento busca sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de las prestaciones en internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, atención médica y programas de rehabilitación.
Además, remarcaron que la actualización permitirá mantener los valores de las prestaciones por encima de la inflación estimada para 2026, «aportando estabilidad a las relaciones entre prestadores, obras sociales y el Estado».
El ministro de Salud, Mario Lugones. Foto: NA.
El ajuste del nomenclador constituye una herramienta central para la financiación del sistema, ya que determina los valores reconocidos por el Programa Federal Incluir Salud y otros organismos financiadores.
La semana pasada, el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que el Gobierno había suspendido.
