El gobierno nacional se prepara para encarar una nueva reducción en la plantilla estatal, que podría alcanzar a cerca del 10 % del personal, según fuentes oficiales. El ajuste forma parte de una reestructuración integral del Estado, con el argumento de que varias áreas presentan duplicaciones o funciones superpuestas.
Desde la asunción de Javier Milei, más de 58.000 personas fueron desvinculadas, entre empleo centralizado, organismos descentralizados, fuerzas de seguridad, empresas estatales y entes de todo tipo. Con esta segunda etapa del plan de achique apuntan a reducir unos 28.000 puesto.
Es que según datos del INDEC, en octubre la administración pública nacional -incluyendo empresas y sociedades estatales- contaba con 285.570 trabajadores.
En el Gobierno sostienen que en los primeros dos años de Gestión los principales recortes de empleo estatal se concentraron en la estructura centralizada del Estado. A partir de 2026, el foco se desplazará hacia organismos descentralizados. Entre los entes en la mira figuran el CONICET, el INDEC, la Oficina Anticorrupción, la ANSES, el INTA, el INTI, el ENARGAS, el ENACOM, el ENRE, la CONEAU, el ARCA, la Archivo General de la Nación y la CONADIS.
Desde Casa Rosada afirman que el proceso de recorte podría comenzar “en las próximas semanas” y extenderse durante los dos primeros trimestres de 2026. Parte del ajuste consistirá en no renovar contratos que vencen en diciembre. Sostienen que hay contratos que vienen de gestiones anteriores.
El plan de reducción será transversal: abarcará ministerios, dependencias, empresas estatales, e incluso organismos especializados. Además de despidos, se prevé eliminar duplicaciones funcionales y suprimir áreas que consideren redundantes. Asimismo, se evalúa avanzar sobre registros de automotores y plantas de empresas estatales que podrían privatizarse.
El diseño de este ajuste está bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conducida por Manuel Adorni, junto con el ministro responsable de la transformación estatal, Federico Sturzenegger.
El proyecto de Presupuesto 2026 consagra un nuevo régimen de contrataciones: ninguna jurisdicción estatal podrá cubrir cargos vacantes, presentes o futuros, sin autorización previa de la Jefatura de Gabinete. Esa restricción busca consolidar el recorte salarial y de puestos.
Además, el ajuste no se limitaría a despidos. En el área de Medios Públicos —integrada por la Televisión Pública y la Radio Nacional— se anticipa la apertura de un plan de retiros voluntarios entre sus casi 2.500 empleados, bajo la premisa de que los servicios se mantendrían con menor estructura.
Con esta nueva etapa del ajuste, el Gobierno busca reducir en torno al 10% la plantilla estatal total. Desde el Ejecutivo reinterpretan el recorte como una profundización de la reforma del Estado, orientada a racionalizar estructuras, disminuir el gasto público y supuestamente mejorar la eficiencia estatal.
