El oficialismo nacional, junto a sectores aliados dentro de la Cámara de Diputados, busca avanzar con un proyecto de ley que pretende modificar el Régimen Penal Juvenil vigente, estableciendo que los menores sean imputables desde los 14 años. La iniciativa se debatirá este martes en un plenario de comisiones legislativas, donde el Ejecutivo aspira a lograr dictamen favorable para llevar la propuesta al recinto antes de fin de mes.
El plan del Gobierno cuenta con el respaldo de legisladores del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y un grupo de diputados libertarios que fueron expulsados del bloque original. Este consenso fue alcanzado luego de unificar múltiples proyectos presentados por distintos espacios, entre ellos uno que proponía la responsabilidad penal a partir de los 13 años y otro que sugería los 12. Finalmente, se optó por una postura intermedia que fija los 14 años como nueva base de imputabilidad.
El encuentro legislativo se llevará a cabo en el Anexo C de la Cámara baja a las 16 horas, y convocará a las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto y Hacienda. En paralelo, tres proyectos alternativos que proponían reformar el régimen juvenil sin modificar la edad de imputabilidad quedarán fuera del debate. Estas propuestas, impulsadas por Unión por la Patria, no encontraron eco en el oficialismo.
El rechazo a la medida proviene de diversos sectores: diputados de izquierda, organizaciones defensoras de los derechos humanos y también de la Iglesia Católica, cuyo vocero fue el obispo de La Rioja, Dante Braida, quien expresó que encarcelar a un menor no resuelve los problemas de fondo que enfrentan los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Este intento por avanzar con la reforma llega luego de varios intentos fallidos para concretar el debate. El proyecto fue aplazado en tres ocasiones: primero el 8 de abril, luego el 23 y finalmente el 30 de abril. Estos retrasos generaron incertidumbre sobre la viabilidad política de la iniciativa, aunque el Presidente dejó claro, desde el inicio de las sesiones ordinarias, que la baja en la edad de imputabilidad es una prioridad para su administración, especialmente tras el caso del asesinato de Kim Gómez en La Plata, que conmocionó a la opinión pública.
La estrategia oficial parece orientada a mostrar firmeza frente al delito juvenil como parte de su discurso de campaña, en un contexto donde las políticas de seguridad se ubican entre los ejes principales de debate político de cara a las próximas elecciones.
