La empresa estatal será intervenida y quedará bajo el control de Anastasia Adem, quien deberá realizar una auditoría y diseñar un plan de acción para su reformulación.
El Gobierno decidió intervenir Corredores Viales S.A. con el objetivo de avanzar en su privatización, luego de detectar pérdidas millonarias y una importante deuda con proveedores. La medida se formalizó a través del Decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La compañía, actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, quedará a cargo de la interventora Anastasia María de los Ángeles Adem. La funcionaria asumirá las facultades del Directorio y de su presidente, además de contar con atribuciones específicas establecidas en la normativa.
Como parte de sus responsabilidades, Adem deberá llevar a cabo una auditoría de gestión tanto al inicio como al final de la intervención, evaluar la situación financiera y operativa de la empresa, presentar un informe detallado de rendición de cuentas y elaborar un plan de acción para su reestructuración. Este último documento deberá ser aprobado por el Ministerio de Economía y podría implicar modificaciones en el estatuto de la compañía.
El decreto también establece la revisión del sistema de compras y contrataciones, la auditoría del estado de los corredores viales y la administración de la sociedad durante el período de transición hasta su liquidación definitiva. Además, la interventora tendrá facultades exclusivas para representar a la empresa y podrá designar o remover personal.
En 2023, Corredores Viales registró pérdidas acumuladas por $268.000 millones, una deuda con proveedores de $142.000 millones y recibió aportes del Tesoro Nacional por $301.000 millones.
La privatización de la empresa se enmarca en el Decreto 97/2025, que estableció «el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje». Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el sector privado asumirá la ejecución de las obras y la gestión a su propio riesgo, a cambio del derecho a cobrar peajes. En total, se transferirán más de 9.000 kilómetros de rutas, por donde circula el 80% del tráfico del país.
