Bullrich amenaza con derecho de admisión y represalias contra quienes se atrevan a manifestarse
La represión no tiene límites. El Gobierno ha lanzado una advertencia feroz: los hinchas del fútbol argentino que se sumen a la movilización de los jubilados serán castigados con el derecho de admisión en los estadios. Así lo confirmó Patricia Bullrich, quien, en un nuevo gesto de persecución, anunció que se están preparando «medidas judiciales y cambios legislativos» para impedir la protesta.
El detonante de esta furiosa reacción fue la convocatoria de la barra de Chacarita, que encendió la mecha para que otras hinchadas se sumaran al reclamo por la restitución de medicamentos, el aumento de haberes y el cese de la represión. Hinchas de Boca, Ferro, Tigre, Temperley, Nueva Chicago e Independiente, entre otros, ya confirmaron su presencia en las calles.
Lejos de escuchar los reclamos de los jubilados y sus aliados, el Gobierno optó por la amenaza y la intimidación. El mensaje es claro: todo aquel que participe enfrentará consecuencias. La cacería ya comenzó y el objetivo es acallar cualquier expresión de protesta popular.
El caso de Carlos, un jubilado e histórico hincha de Chacarita, es la chispa que encendió esta movilización. Su brutal represión policial fue la gota que colmó el vaso, generando una ola de indignación y solidaridad entre los hinchas. Pero en lugar de justicia, el Gobierno responde con más castigo, buscando criminalizar la protesta y sembrar el miedo entre quienes se animen a alzar la voz.
Con amenazas, persecución y represión, el Ejecutivo deja en claro su postura: no permitirá que el pueblo se organice, y usará todas las herramientas a su alcance para silenciar a quienes se atrevan a desafiarlo.
