Finalmente, el Gobierno disolvió por decreto el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que en los últimos dos años cayó en una crítica situación deficitaria, con graves dificultades para atender hasta las necesidades médicas más básicas de sus entre 550.000 y 700.000 afiliados. De acuerdo al decreto 88/2026, publicado este viernes, intentarán remontar la crisis reemplazando al IOSFA por dos obras sociales separadas, una para los militares y otra para las fuerzas de Seguridad.
IOSFA, que había sido creada sólo para las FFAA, cubría desde hace décadas las necesidades médicas y sociales de las Fuerzas Armadas, de la Gendarmería y de la Prefectura: un padrón muy heterogéneo.
En estos dos años, por situaciones que el ministro Carlos Presti prometió investigar al asumir en lugar del actual diputado Luis Petri, se llegó a un estado agónico: una deuda estimada en $300.000 millones; servicios críticos interrumpidos (oncología, diabetes, geriatría, reintegros); farmacias asociadas desabastecidas y cobertura médica cortada en gran parte del país. Ello afecta a alrededor del 30% de los afiliados y la situación los enfrenta a judicialización y embargos por falta de prestaciones.
En estos dos años hubo tres presidentes distintos del IOSFA, dos de ellos oriundos de Mendoza, como el ex ministro Petri. Fuentes especializadas afirman que, si no hay partidas oficiales para arreglar las deudas, este año puede ser aún más caótico.
Ahora, según el decreto presidencial firmado por Milei y los ministros de su Gabinete, incluyendo a Presti, de Defensa, se crearán dos entes nuevos, separados y autárquicos: OSFA, para las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa y con un directorio integrado por representantes de cada fuerza; y OSFFESEG, para la Gendarmería y la Prefectura, dependiente en este caso del Ministerio de Seguridad y con un directorio de cinco miembros. Tal como se viene diciendo, el final de esta agonía puede encontrar a las fuerzas de seguridad en una prepaga.
Ambas tendrán personería jurídica propia, capacidad de contratar, demandar y administrar fondos, y control directo del ministerio correspondiente. En un informe del especialista en Defensa Marcelo Seghini, de la Fundación Alem, se indica que el IOSFA llegó a diciembre de 2023 con superávit: $13.288 millones en 2023 y $12.604 millones en 2022. Su derrumbe se produjo, indicó, tras la fuerte devaluación de diciembre de 2023, que duplicó el dólar oficial y disparó los costos médicos. Las autoridades de 2025 nombraron 30 asesores externos, con salarios muy superiores al personal de planta y a militares desplazados. El informe denunció que se firmaron “convenios irregulares con prestadores, como acuerdos de confidencialidad con MEDIFE sin aval del Directorio”, y que se generaron gastos considerados injustificados. Se demoraron los pagos y reintegros y hubo cortes masivos de servicios, mientras que al mismo tiempo se creó una estructura paralela, con duplicación de gerencias y ruptura de la cadena de mando.
Se tomó un crédito de $40.000 millones con el IAF, a una tasa final del 52%, originalmente presentado para modernización informática pero usado para cubrir déficits operativos. Y sólo una auditoría que publique Presti podrá dar cuenta de qué pasó con la transparencia institucional.
¿Qué pasará con los afiliados a partir del decreto 88/2026 de este viernes? Según el Boletín Oficial, habrá un período de transición de hasta un año. Durante ese tiempo prometen que nadie quedará sin cobertura y que los tratamientos que no se pueden interrumpir seguirán siendo cubiertos.
En 60 días se transferirán los afiliados militares a OSFA. En 180 días será el turno de los afiliados de fuerzas federales a OSFFESEG. Una vez hecho el traspaso, IOSFA dejará de recibir aportes y de brindar cobertura a esos afiliados.
Según el decreto de este viernes, que se esperaba desde hace un mes, los activos, empleados y recursos del IOSFA se repartirán entre las nuevas obras sociales. El personal de Gendarmería y Prefectura que estaba en IOSFA volverá a sus fuerzas, aunque se desconoce a qué tareas, y los inmuebles volverán a la jurisdicción que los aportó originalmente.
Según el Gobierno, el proceso de transición tendrá un Administrador con poderes amplios, una Comisión especial con Defensa, Seguridad, Salud y Economía, y la SIGEN auditará el proceso. Pero lo que reclaman los afiliados y las Fuerzas Armadas y de Seguridad es una auditoría que determine dónde se cometieron las irregularidades.
