La administración nacional publicó el decreto 366/25 que modifica la ley 25.871 sobre migración: endurece las deportaciones, el acceso a la ciudadanía y a servicios como salud y educación.
El Gobierno nacional modificó por decreto la Ley de Migraciones 25.871. A través del DNU 366/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se introdujeron cambios profundos que impactan en el acceso de personas extranjeras a derechos como la salud pública, la educación universitaria, la ciudadanía y la permanencia en el país.
Estas reformas están alineadas con una visión más restrictiva del fenómeno migratorio, que el Gobierno considera necesario revisar «por el nuevo escenario global» y los «riesgos económicos y sociales» asociados.
Salud: acceso limitado y cobros para extranjeros sin residencia
Uno de los cambios más sensibles es el arancelamiento de la atención sanitaria. El decreto establece que:
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En casos de emergencia, no se podrá negar la atención médica a ningún extranjero, sin importar su situación migratoria.
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Los extranjeros con residencia permanente podrán acceder al sistema de salud pública en igualdad de condiciones que los argentinos.
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Quienes no tengan residencia o estén en situación irregular, deberán presentar un seguro médico o abonar previamente el servicio, salvo emergencia.
Esto marca un giro en la política sanitaria argentina, que hasta ahora garantizaba atención gratuita a toda persona dentro del territorio nacional.
Universidades: podrán cobrar a estudiantes extranjeros
El decreto modifica el artículo 7 de la ley y plantea un nuevo criterio para el acceso a la educación superior pública:
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La educación inicial, primaria y secundaria seguirá siendo gratuita y garantizada, incluso en caso de migración irregular.
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Pero las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros sin ciudadanía ni residencia permanente.
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Además, se eliminó de la ley la obligación de permitir el acceso a migrantes sin DNI a todos los niveles del sistema educativo.
Esta medida podría afectar especialmente a estudiantes latinoamericanos que tradicionalmente eligen Argentina para realizar carreras universitarias gratuitas.
Ciudadanía argentina: más requisitos y sin beneficios por servicios prestados
Hasta ahora, los extranjeros podían solicitar la nacionalización tras dos años de residencia legal y continua, con la posibilidad de reducir ese plazo si demostraban haber prestado servicios relevantes al país (como integrar las fuerzas armadas o desarrollar actividades económicas clave).
Con la nueva normativa:
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Ya no será posible reducir ese plazo por haber prestado «servicios a la patria».
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Se incorpora como condición extra la inversión económica relevante en el país.
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Se exige una residencia legal y continua sin salidas del país durante al menos dos años.
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La residencia «precaria» se reduce de 180 a 90 días de validez.
Deportaciones más ágiles y restricciones al ingreso
El Gobierno también endureció los criterios para el rechazo y expulsión de migrantes:
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Quienes ingresen al país de manera irregular o infraganti podrán ser rechazados de forma inmediata, sin derecho a apelar.
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Las nuevas medidas también acortan plazos administrativos para deportar a migrantes condenados o en situación irregular.
Según argumenta el DNU, el endurecimiento responde a «un flujo migratorio creciente» por políticas de expulsión en otros países, en especial Estados Unidos, lo que —según el texto— podría «saturar los servicios del Estado argentino».
Qué cambia y a quiénes afecta
| Situación anterior | ||
|---|---|---|
| Salud | Gratuita para todos, sin importar estatus | Pago o seguro obligatorio sin residencia |
| Universidad | Gratuita, incluso sin DNI | Puede ser arancelada para extranjeros sin ciudadanía o residencia |
| Ciudadanía | 2 años de residencia y/o servicios prestados | Solo 2 años continuos + posible inversión |
| Deportaciones | Proceso judicial y administrativo | Rechazo inmediato si se detecta ingreso ilegal |
¿Qué sigue?
Los cambios ya están en vigor, aunque podrían ser judicializados por organizaciones de derechos humanos o impugnados en el Congreso, donde sectores opositores ya expresaron su preocupación por la posible violación de derechos constitucionales.
La discusión recién empieza y marcará un antes y un después en la política migratoria argentina.
