Tras más de treinta años, el Ejecutivo eliminó la regulación estatal sobre los aranceles educativos. La medida permitirá que las instituciones privadas establezcan el valor de sus matrículas y mensualidades sin intervención del Ministerio de Educación.
El Gobierno nacional dispuso una profunda modificación en el sistema educativo privado al derogar la normativa que limitaba la actualización de aranceles en las instituciones con o sin aporte estatal. A partir de un nuevo decreto, los colegios ya no deberán solicitar autorización oficial para modificar el valor de sus matrículas ni de sus cuotas mensuales.
La medida, que pone fin a más de tres décadas de control estatal sobre los precios de la educación privada, otorga plena libertad a las instituciones para definir su política arancelaria. Según voceros oficiales, la decisión busca “modernizar el sistema y reducir la intervención del Estado” en el funcionamiento interno de los colegios.
Sin embargo, la disposición despertó inquietud entre asociaciones de padres y familias, quienes temen que esta desregulación derive en aumentos significativos de las cuotas en los próximos meses. Diversos sectores advirtieron que el cambio podría afectar la estabilidad económica de los hogares que eligen la educación privada, especialmente en el contexto actual de inflación y pérdida de poder adquisitivo.
Desde el ámbito educativo, algunas cámaras que agrupan a escuelas privadas celebraron la medida al considerarla un paso hacia la autonomía institucional y la simplificación administrativa. No obstante, otros actores del sistema remarcaron la necesidad de establecer mecanismos de transparencia para evitar abusos o aumentos desmedidos.
De esta manera, el Gobierno avanza en una nueva etapa de liberalización dentro del sector educativo, trasladando al mercado la regulación de los valores que deberán afrontar las familias para sostener la educación de sus hijos.
