Un decreto publicado en el Boletín Oficial establece que ministros, secretarios y subsecretarios comenzarán a percibir los mismos aumentos acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional. El Presidente y la Vicepresidenta quedaron excluidos.
El inicio de 2026 trajo una actualización salarial para una parte del gabinete nacional. A través del Decreto 931/2025, publicado el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso aumentos de sueldos para los funcionarios de mayor jerarquía del Gobierno nacional.
La norma fija que, desde enero de 2026, ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente recibirán el porcentaje acumulado de incremento salarial que percibió el personal de la Administración Pública Nacional entre enero de 2024 y julio de 2025. Se trata de una equiparación con las subas que se fueron definiendo en las paritarias generales del sector público.
El decreto aclara que la medida no tiene carácter retroactivo y que los incrementos futuros quedarán atados a la evolución de las negociaciones salariales del conjunto de los empleados públicos. Es decir, cada nuevo acuerdo paritario se trasladará automáticamente a estos cargos políticos, siempre y cuando se mantenga el superávit fiscal.
En ese sentido, el texto oficial introduce una cláusula de suspensión automática. Si la Administración Pública Nacional registrara un déficit fiscal financiero acumulado, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, los salarios de estos funcionarios quedarán congelados. La interrupción de los aumentos se aplicará de forma inmediata, sin necesidad de una resolución administrativa adicional, y continuará vigente hasta que se restablezca el resultado fiscal superavitario.
La disposición alcanza a autoridades superiores del Ejecutivo, pero excluye expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes no serán beneficiados por estas subas.
En los fundamentos, el Gobierno justificó la decisión en el congelamiento salarial que rigió para los altos cargos desde diciembre de 2023 y en lo que considera avances de su gestión, como más de 22 meses de superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja en los índices de pobreza. Según el decreto, estos indicadores reflejan que las políticas implementadas permitieron corregir desequilibrios fiscales y macroeconómicos.
