Este viernes, en el cierre de las sesiones extraordinarias, el Senado convirtió en ley la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa de La Libertad Avanza consiguió una contundente aprobación pese a los cuestionamientos de la oposición: 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
La iniciativa, que había sido tratada previamente por la Cámara de Diputados, establece un nuevo marco normativo, fundamentado en principios como la legalidad, la proporcionalidad, la especialidad, la excepcionalidad de la privación de la libertad, la celeridad procesal y la resocialización, según un comunicado de la Cámara alta.
El oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, en su carácter de miembro informante, argumentó que el nuevo régimen permitirá adecuar la normativa a la Reforma Constitucional de 1994 y a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos, garantizando el debido proceso, los derechos de los adolescentes y el rol de las víctimas y sus familias.
Argumentos
En tanto, Jorge Capitanich (Justicialista) planteó que el presupuesto asignado por el Gobierno a la reforma penal juvenil es «insuficiente» y alertó que un contexto de menor actividad económica y recaudación impacta negativamente en las capacidades estatales para abordar estas problemáticas.
En contraste, Beatriz Ávila (Independencia) afirmó que el «fracaso del Estado» en la prevención de la delincuencia juvenil «no puede convertirse en impunidad», mientras que Gabriela Valenzuela (UCR) esgrimió: «Este régimen no solo moderniza un sistema, sino que afirma algo más profundo». «Creemos en nuestros jóvenes, en su capacidad de comprender, de cambiar y de construir un futuro distinto», aseguró.
El senador Martín Goerling Lara (PRO) manifestó que es «una ley de sentido común que brinda una solución a un problema real: menores que delinquen y matan», y apuntó que varios países de América y Europa ya aplican medidas similares. Por el contrario, Fernando Salino (Justicia Social Federal) la calificó de «inconstitucional» y advirtió que «Argentina no cumpliría obligaciones asumidas internacionalmente».
Imágenes: Senado
