En el libro El Nudo de Carlos Pagni, publicado hace pocos años, se señala algo que pocos dicen: teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, La Matanza es el segundo distrito con menor cantidad de hechos después de Trenque Lauquen (casualmente fui concejal en ambos distritos, por lo que los conozco de primera mano).
Sin embargo, en estos años del gobierno de Milei y Bullrich, algunas cosas cambiaron drásticamente en La Matanza.
De más de 700 gendarmes, hoy quedan menos de 200, y retiraron a todos los efectivos de la Policía Federal.
Las fuerzas federales deberían hacerse cargo de los territorios de su jurisdicción: las vías férreas que atraviesan el distrito y la estratégica Ruta Nacional 3, que lo cruza desde la General Paz hasta el kilómetro 47.
El despropósito llega al extremo de que cortaron la luz en casi toda la ruta, dejando a oscuras el Metrobús y abandonando sus instalaciones.
Está de más decir que el narcotráfico —rey, padre y origen de gran parte del delito— es responsabilidad del gobierno federal.
Las estadísticas de homicidios que hoy nos atribuyen tienen como origen el abandono de los operativos federales, al revés de lo que hicieron mediáticamente en Rosario.
Los casos más resonantes se sumaron desde enero del año pasado con los homicidios de la tosquera (cinco en total), todos ligados al narcotráfico. Casos federales que fueron dejados de lado.
El objetivo es evidente: abandonar provincias y municipios para exponer falencias y luego aparecer como los únicos salvadores posibles. Lo mismo que hacen con las rutas nacionales: el abandono obliga a pedir peajes; en este caso, el abandono obliga a pedir fuerzas federales.
También dejaron a las fuerzas federales en el abandono salarial, en la cobertura de obra social y en recursos. Los suicidios y otros hechos internos son una muestra dolorosa de esa desprotección.
Finalmente, es alarmante la cantidad de armas de fuego que se ven en la calle.
Desde 2024 comenzó un giro hacia un paradigma proarmamentista que incluyó:
• Desregulación administrativa y simplificación de trámites.
• Flexibilización de requisitos para la portación, incluso para armas de mayor poder de fuego.
• Reducción de controles municipales sobre comercios e industrias vinculadas.
• Reaprovechamiento de armas incautadas por fuerzas de seguridad, en lugar de su destrucción.
• Reforma orgánica que devolvió a la ANMAC su antigua condición de RENAR, bajo control del Ministerio de Seguridad.
Entre las medidas más polémicas figuran la baja de la edad mínima para ser legítimo usuario a 18 años, la amnistía para regularizar armas no registradas y la autorización de armas semiautomáticas de uso militar para fines deportivos.
Nos quitaron las fuerzas federales, no realizan operativos contra el narcotráfico, facilitan la proliferación de armas y, además, recortaron los organismos dedicados a menores y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Llevan al límite la ausencia del Estado y el abandono de áreas y territorios clave. Olvidan que cuando el Estado se retira, aparecen variables imposibles de controlar.
La falta de controles abre la puerta a tragedias que podrían haberse evitado; las víctimas del fentanilo son una dolorosa muestra de lo que ocurre cuando la desidia reemplaza a la responsabilidad.
Por Miguel Saredi
Ex Diputado Nacional
Sec de Planificación Operativa
Municipio de La Matanza
@M_Saredi
