El Ministerio de Justicia de la Nación informó que postergará por tres meses y de forma «improrrogable» la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.
La cartera, en manos de Mariano Cúneo Libarona, dio a conocer un «plazo excepcional» para la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inicialmente era el 11 de agosto la fecha fijada unilateralmente como punto de partida para la implementación del nuevo sistema que da mayor poder a los fiscales en la investigación judicial.
El comunicado del Ministerio de Justicia de la Nación.
Ahora, ante reclamos y pedidos de postergación, Nación fijó la nueva fecha para el 10 de noviembre. La decisión, que se conoció en la tarde de este viernes, genera un sacudón en sectores de la política y el ámbito judicial porteño que tiene a Comodoro Py como la sede medular del sistema federal.
Argumentos
El comunicado oficial fue claro en que la implementación del nuevo sistema es «irreversible» ante lo que denomina «años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial».
El mensaje reconoce también las «deficiencias edilicias y tecnológicas» pero recalca que ello «no justifica ni habilita que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década».
Tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el Ministerio de Justicia expone que recibió «reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción», motivos que desembarcaron en la postergación.
“Desde el inicio de la implementación, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“, resalta el texto.
Y señala que “esta decisión tiene como único objetivo remover obstáculos políticos y corporativos y garantizar en esta jurisdicción una plena coordinación entre los tres poderes del Estado, tal como se ha verificado en las otras jurisdicciones donde el Gobierno implementó exitosamente el sistema acusatorio”.
«La implementación del sistema acusatorio no admite retrocesos. La ciudadanía exige una Justicia transparente, ágil y eficaz; la ley debe ser aplicada y este Gobierno no va a aceptar que se posterguen los cambios que el país necesita», concluye el comunicado.
El modelo acusatorio
Inspirado en el modelo norteamericano, el sistema acusatorio impulsado por el Gobierno nacional se comenzó a aplicar de forma progresiva en jurisdicciones como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.
La idea central es que la fiscalía asuma el rol protagónico en la investigación y la acusación, mientras que el juez se convierte en un garante de los derechos y un árbitro del procedimiento. Esto, en teoría, acelera los procesos, los vuelve más orales y transparentes, y reduce la congestión judicial.
El propio ministro de Justicia, Cúneo Libarona, ha destacado el modelo estadounidense como inspiración, ponderando su rapidez y eficiencia. Ha reiterado que el sistema actual está «colapsado», con un bajísimo porcentaje de causas que terminan en condena, y aún menor en delitos complejos. La promesa es que con este nuevo esquema, los tiempos de resolución se reducirán drásticamente, como se vio en Rosario con condenas en apenas 30 días.
Sin embargo, el aterrizaje de este sistema en Comodoro Py parece ser más turbulento. La jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su particularidad y el tipo de casos que allí se tramitan –muchos de ellos con ramificaciones políticas y económicas de alto impacto–, presenta desafíos particulares que, por el momento, seguirán esperando.
