A horas de una nueva convocatoria prevista para este miércoles en las afueras del Palacio Legislativo y de que Patricia Bullrich solicitara este martes a la Justicia la detención de 29 barrabravas acusados de ocasionar disturbios hace una semana, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a “aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional”.
“Es de público y notorio conocimiento que miembros de grupos organizados y ‘barrabravas’ de diferentes parcialidades futbolísticas, con la excusa de apoyar una manifestación de personas jubiladas, promovieron disturbios con fines desestabilizadores”, enfatizó el Gobierno a través de la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El documento esgrimió también que “los grupos movilizados nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas” y recordó que “incendiaron una moto policial y un patrullero, pertenecientes a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, dañaron bienes públicos -entre los cuales se cuentan nueve vehículos- y lesionaron a más de una docena de efectivos policiales”.
En ese marco, dijo el Gobierno, los “hechos descriptos encuadran prima facie en los delitos de sedición, asociación ilícita agravada, y atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, sin perjuicio de una mejor calificación que resulte de la investigación penal”, y por ese motivo “resulta necesario y urgente identificar a los autores de los mencionados delitos, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”.
«Por las características de los hechos descriptos, resulta dable considerar que se trata de un caso de seguridad nacional que amerita una rápida y contundente respuesta del Estado», justificó la cartera conducida por Bullrich.
Además, agregó que «es de vital importancia para el Poder Ejecutivo Nacional garantizar el orden público y la estabilidad institucional, previniendo y sancionando cualquier acto de violencia que atente contra el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y que proteja a la ciudadanía».
También mencionó que «en caso de registrarse nuevas manifestaciones con características similares a las descriptas, el Poder Ejecutivo podrá adoptar medidas análogas, a fin de preservar la paz social y asegurar el respeto a las normas vigentes».
«Atendiendo a la gravedad de los hechos y la posibilidad de reiteración de situaciones de violencia organizadas, el Pode Ejecutivo evaluará la ampliación de la presente resolución con el objetivo de reforzar las acciones tendientes a la identificación, sanción y prevención de este tipo de delitos».
Las últimas dos advertencias parecen ser una clara referencia a que este miércoles 19 de marzo se llevará a cabo una nueva protesta de jubilados y pensionados frente al Congreso Nacional para reclamar un aumento en sus haberes provisionales. El encuentro será celosamente custodiado por 900 efectivos de la Policía de la Ciudad.
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Loop. Patricia Bullrich pide a la Justicia la detención de los 29 barras identificados por desmanes en Congreso
En las últimas horas, Bullrich, pidió la detención de un grupo de 29 barras a los que se acusa de haber ocasionado incidentes durante la marcha del miércoles pasado en torno al Congreso de la Nación. «Tenemos pruebas y las presentamos», arremetió la funcionaria desde las redes sociales.
El pedido de detenciones fue dirigido al fiscal porteño de la Unidad de Flagrancia Este, Santiago Almeida, a modo de «evidencia relativa» a las denuncias que dieron origen a la demanda que planteó el Gobierno por los incidentes.
ES
